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Delitos contra los trabajadores

Esta una explicación de los delitos contra los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de derecho penal
El Código Penal de 1995 agrupa en el Título XV del Libro II (artículos 311 a 318) una serie de figuras, antes dispersas en el Código ahora derogado, que bajo el epígrafe «Delitos contra los derechos de los trabajadores», lesionan en sentido amplio aquellos derechos.

Ciertamente, no ha sido, ni es, concorde la doctrina a la hora de establecer cuál sea el bien jurídico protegido en tales infracciones, ni a esclarecer tal tema ha podido contribuir la jurisprudencia bien escasa al respecto. Así, mientras para algunos (MUÑOZ CONDE) se trata de delitos pluriofensivos, para otros (ARROYO) el bien jurídico protegido no sería otro que «el interés del Estado en que se respeten las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores por cuenta ajena».

No obstante, la mayoría de la doctrina (BAJO FERNÁNDEZ, BUSTOS, CARBONELL MATEU, GONZÁLEZ CUSSAC) sí muestra un cierto principio de acuerdo a la hora de afirmar que si bien es cierto que tales delitos sí pueden considerarse como pluriofensivos, existe en todos ellos un bien jurídico categorial común que estribaría en los derechos del trabajador nacidos de la relación laboral y, como tales, reconocidos por las leyes, convenios colectivos o contrato individual. En definitiva, el propio epígrafe del título permite mantener esta postura como la más correcta.

El hecho de incidir además todas las conductas tipificadas sobre el conjunto de derechos -y, consecuentemente, obligaciones- que nacen de la relación laboral, permite, de otra parte, afirmar que estamos en presencia de delitos especiales propios que sólo pueden ser cometidos por quienes ostentan la condición de empresario o empleador, aun cuando, en algún caso concreto, quepa matizar tal afirmación; y sujeto pasivo habrá de serlo en todos los casos quien o quienes ostenten la condición de trabajadores por cuenta ajena o asalariados.

El artículo 311 que, al igual que los artículos 312 y 313, tiene como antecedente inmediato el artículo 499.bis del Código derogado, se estructura en tres apartados, el primero de los cuales describe el tipo básico; el segundo, el mismo supuesto pero referido a la transmisión de empresas, y el tercero, un tipo agravado cuando media la violencia o intimidación.

Sanciona el punto 1 del artículo 311 imponiendo la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses: a «los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios o contrato individual».

La conducta típica viene enunciada con el verbo «imponer», esto es, prevalecer, hacer valer el propio poder o posición preeminente. Se trata de la imposición por parte del empresario o empleador, al trabajador o trabajadores que están a su servicio, de condiciones por virtud de las cuales se perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos a los mismos reconocidos en el marco de la propia relación laboral y Seguridad Social por disposiciones legales, convenios colectivos o el propio contrato laboral individual de trabajo. Consecuentemente, la conducta delictiva se refiere al ámbito del contrato de trabajo y de la relación que nace del mismo, relación de la que nacen una serie de derechos para el trabajador, algunos de los cuales son considerados como indisponibles por la normativa legal aplicable al respecto y por los convenios colectivos, y que, consecuentemente, no pueden ser objeto de renuncia por parte del trabajador al pactar el contrato individual de trabajo, ni las condiciones pactadas en éste, posteriormente burladas por la «imposición» del empresario.

Se trata consecuentemente de un tipo penal en blanco que hace referencia a normas extrapenales -Estatuto de los trabajadores, Ley de Libertad Sindical, Convenios Colectivos…-.

Tal conducta ha de realizarse mediante engaño o abusando, esto es, aprovechándose de la situación de necesidad del trabajador, lo que constituye un elemento subjetivo del injusto, que exige además la presencia de un dolo directo.

La escasa jurisprudencia existente al respecto -entre otras, la sentencia de 1 de febrero de 1989- ha mantenido que se trata de un delito de resultado cortado en el que basta para su consumación que se impongan las citadas condiciones lesivas, empleando los medios citados, aunque, de hecho, no se produzca la lesión efectiva de los derechos, un perjuicio real y efectivo. Se trata además de un delito instantáneo y de efectos permanentes, porque consumado, como ha quedado dicho, en el mismo momento en que se imponen las referidas condiciones atentatorias a los derechos de trabajador, continúa en el tiempo mientras tales condiciones se mantengan.

El segundo apartado del artículo 311 extiende la protección de los derechos citados a los supuestos de transmisión o sucesión de empresas, sancionando con la misma pena a los que, teniendo conocimiento de los procedimientos anteriormente descritos, mantengan las condiciones impuestas por el anterior empleador.

Lo único discutible respecto a este apartado, en relación con el artículo 14.1 del Código Penal, estribaría en la conveniencia de haber sancionado la imprudencia, pues en no pocos casos será muy dificultoso probar que el sucesivo empleador conocía, no las condiciones impuestas, sino el hecho de que para imponerlas, el anterior empresario hubiera empleado los medios descritos.

Finalmente, el apartado tercero del artículo comentado agrava las penas anteriores imponiendo las superiores en grado cuando las conductas sancionadas en los apartados anteriores se hubieran llevado a cabo mediando violencia o intimidación.

El artículo 312 consta de dos apartados, el primero de los cuales tiene como antecedente inmediato el artículo 499.bis.3 del Código derogado. Sanciona dicho primer apartado, con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, a quienes trafiquen de forma ilegal con mano de obra.

La conducta típica viene definida por el verbo «traficar», comerciar, lo que exige que exista una actividad con ánimo de enriquecimiento. El término «ilegal» que utiliza el precepto implica una doble connotación; en primer término, y desde el punto de vista de la calificación del tipo, conlleva el estar ante un tipo penal en blanco; en segundo lugar, y desde el punto de vista de la conducta típica, conlleva de una parte la necesidad de que resulte un perjuicio para las expectativas de empleo de los demás trabajadores y de otra un quebrantamiento del control administrativo al respecto. La conducta puede ser cometida por cualquiera sin que sea precisa la presencia de quien ostente la condición de empresario, si bien, en determinados supuestos -cesión ilegal de mano de obra- el sujeto activo habrá de ser necesariamente un empleador.

El apartado 2 del artículo que comentamos contiene a su vez dos conductas diferentes, la de quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo, ofreciendo empleo o condiciones de trabajo falsas o engañosas, y la de quienes emplean a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en España en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuvieran reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, supuesto éste, que en lo esencial es idéntico al contemplado por el artículo 311.1, si bien varía el sujeto pasivo.

Sanciona el artículo 313, que así mismo tiene como antecedente inmediato el artículo 499.bis.3, párrafo 1 del Código derogado, el favorecimiento o promoción de cualquier tipo de migración clandestina de trabajadores. Ciertamente, y a diferencia del Código derogado, el nuevo artículo 313, en sus dos párrafos, diferencia los supuestos de inmigraciones clandestinas -entrada de trabajadores extranjeros en España- y los de emigraciones. En el primer supuesto, lo que sanciona el Código es la promoción o favorecimiento de la entrada clandestina de trabajadores extranjeros en España, es decir, el favorecimiento de la entrada y contratación de dichos trabajadores al margen de cualquier tipo de control administrativo. Es un tipo penal en blanco, debiéndose tener en cuenta, al respecto, la Ley de Emigración de 21 de julio de 1971, la Ley Básica de Empleo de 1980, el Estatuto de los trabajadores…; afirma la doctrina, en relación con esta figura delictiva, que se requiere una cierta habitualidad; no se requiere, por el contrario, la condición de empleador en el sujeto activo.

La segunda de las conductas contempladas por el precepto consiste en el favorecimiento de la emigración de alguna persona a otro país, simulando contrato o colocación, o usando cualquier otro engaño semejante.

En ambos casos, como en otros anteriores estudiados, se trata de delitos de resultado cortado, instantáneos y de efectos permanentes; la pena señalada para ambos supuestos es la de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Sanciona el artículo 314 con la pena de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses a «los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado […]».

El nuevo precepto, que cuenta como antecedente inmediato con el artículo 165 del derogado Código, si bien ahora limitado al ámbito de las relaciones de trabajo, se enmarca en el desarrollo del artículo 14 de la Constitución y viene a dar cumplimiento a una serie de compromisos internacionales sobre eliminación de todas las formas de discriminación.

La conducta típica consiste en la producción de una grave discriminación en el empleo, que, además, precisa se mantenga tras el correspondiente requerimiento o sanción administrativa. La existencia de un previo apercibimiento por la autoridad administrativa o un acto sancionador constituye, pues, un requisito típico para que se entienda consumado el delito.

Aunque en principio pudiera pensarse que sujeto activo puede serlo cualquiera, en la práctica estamos ante un delito propio que sólo puede ser cometido por quien ostente la cualidad de empresario o ejerza funciones delegadas en materia de personal. Sujeto pasivo lo será el trabajador que sufre la grave discriminación en su empleo y que ve desconocido, en el ámbito laboral, su derecho a no ser discriminado -bien jurídico protegido-.

La realización del tipo contiene un elemento subjetivo del injusto, los motivos o razones por los que se produce la discriminación.

El artículo 315, estructurado en tres apartados, protege en los dos primeros, con una figura básica y otra agravada, la libertad sindical y el derecho de huelga, y en el tercero, que reproduce casi literalmente el derogado artículo 496.bis.2, protege el derecho del trabajador a acudir a su puesto de trabajo no sumándose o no adhiriéndose a la huelga iniciada por otros.

El tipo básico del párrafo 1 sanciona con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses a los que impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical (artículos 28.1 C.E. y Ley Orgánica de Libertad Sindical) y del derecho de huelga (artículo 28.2. C.E.), mediante el uso del «engaño» o el abuso de la situación de necesidad de los trabajadores. Los límites o impedimentos habrán de afectar al contenido esencial de ambos derechos y habrán de ser ilegítimos, por lo que habrá de estarse a la regulación de estos derechos en las normas de desarrollo constitucional.

El tipo cualificado del párrafo 2 supone la imposición de las penas antes señaladas en su mitad superior cuando la conducta básica se realice mediando fuerza, violencia o intimidación.

El apartado tercero sanciona con las mismas penas a los que actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, «coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». La conducta típica se estructura como una clara coacción específica y viene a sancionar determinadas conductas agresivas y consecuentemente ilegítimas de los denominados «piquetes de extensión de huelga»; el término «coaccionen», que utiliza el Código para delimitar la conducta típica, ha de ser interpretado restrictivamente, excluyendo las meras intimidaciones y refiriéndolo de modo exclusivo a las actitudes violentas o claramente amenazadoras.

El artículo 316 sanciona con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses «a los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física…».

En el tipo configurado como tipo penal en blanco, la conducta «no facilitar» las medidas o no «procurar» las condiciones para el desempeño del trabajo con las medidas de seguridad e higiene exigibles, es esencialmente omisiva.

Se trata además de un delito de peligro concreto -«de forma que ponga así en peligro grave su vida, salud o integridad física»-. Dicho peligro debe estar causalmente relacionado con la conducta esencialmente omisiva del sujeto activo. Desde el punto de vista subjetivo, el dolo requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la normativa existente, de su omisión y de la creación del peligro.

El artículo 317 admite la comisión imprudente de este delito, en cuyo caso, la pena a imponer es la inferior en grado.

Finalmente, el artículo 318 prevé que «cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos, quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo no hubieran adoptado medidas para ello». Este artículo que, con algunas mejoras técnicas, reitera el derogado artículo 499.bis último párrafo, contempla una regulación específica de las actuaciones en nombre de personas jurídicas, por lo que al margen de su preferente aplicación respecto del artículo 31 del Código Penal, no deja plantear ciertas reticencias en la doctrina.

Por último, señalar que en estos delitos hasta ahora analizados son múltiples los temas concursales a plantear, tanto de concurso real (con falsedades, estafas…), como en algún caso -artículo 316- de concurso ideal (homicidio, lesiones…).


Patrimonio nacional

Esta es la definicion de patrimonio nacional, desde el punto de vista de derecho administrativo.
Es el conjunto de bienes de titularidad del Estado que están afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.

Por declaración legal, integran el Patrimonio Nacional: el Palacio Real; el palacio de Aranjuez y la Casita del Labrador; el palacio de El Escorial con la Casita del Príncipe y la llamada «Casita de Arriba»; el palacio de La Granja y de Riofrío; el monte y palacio de El Pardo; la Casita del Príncipe; el palacio de la Zarzuela; el palacio de la Alumudaina; los bienes muebles contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles, y las donaciones hechas al Estado a través del Rey, entre otros.

También por declaración legal se integran en el Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las siguientes fundaciones, denominadas Reales Patronatos: Iglesia y Convento de la Encarnación, Iglesia y Hospital del Buen Suceso, convento de las Descalzas Reales, Real Basílica de Atocha, Iglesia y Colegio de Santa Isabel, Iglesia y Colegio de Loreto, Monasterio de El Escorial y de las Huelgas, Hospital del Rey, Convento de Santa Clara, de San Pascual y Copatronato del colegio de Doncellas Nobles en Toledo.

Los bienes que integran el Patrimonio Nacional corresponde a un Consejo de Administración que se configura como entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia, dependiente de la Presidencia del Gobierno y al que no le es de aplicación la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Se compone de un presidente, un gerente y un número de vocales no superior a diez, designados entre profesionales de reconocido prestigio.

En cuanto sea compatible con la afectación al uso o servicio del Rey y de los miembros de la familia real, el Patrimonio Nacional podrá afectarse al uso con fines culturales, científicos o docentes.

El Patrimonio Nacional se regula por una ley de 16 de junio de 1982, que ha sido modificada en diversas ocasiones, y ha sido desarrollada por un Reglamento de 1987, que a su vez ha sido modificado en varias ocasiones.


Penas militares

Aqui teneis un breve resumen de las penas militares segun el derecho militar
La pena es una consecuencia del delito y es la más grave de las sanciones del Ordenamiento jurídico. Por medio de la pena, el Estado, a través -exclusivamente- de los Tribunales de Justicia, en virtud de un proceso, dictan sentencia firme privando al condenado de un bien jurídico.

La prevención general y la prevención especial:

Para establecer si la pena en el Derecho Penal militar se orientan en la prevención general o en la prevención especial, es preciso y necesario establecer la distinción entre «tiempo de paz» y «tiempo de guerra».

Si se trata de tiempo de guerra, la prevención general predomina, sin lugar a dudas.

Si, por el contrario, se trata de tiempo de paz, como acertadamente observaba la Exposición de motivos en este sentido, la prevención general coexiste con la prevención especial.

Se ha atenuado la característica severidad. Procediéndose a una suavización y flexibilidad en las penas de privación de libertad en el Código Penal Militar.

Diversas clasificaciones de las penas en el Código Penal Militar:

Se puede hacer una clasificación de las penas siguiendo el orden legal (véase el art. 24), según el bien jurídico que se priva, o atendiendo al carácter de principales o accesorias con indicación de la duración.

En relación al bien jurídico que la pena priva, la clasificación es la siguiente:

Pena privativa de la libertad personal.

Pena de prisión.

Penas restrictivas de la libertad personal.

Pena de confinamiento.

Pena de destierro.

Penas privativas de otros derechos.

Inhabilitación absoluta.

Inhabilitación definitiva para el mando de buque de guerra o aeronave militar.

Pérdida de empleo.

Deposición de empleo.

Suspensión de empleo.

Suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo.

Pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito.

En relación con el carácter que tenga, en cuanto que sean principales o accesorias, con indicación de su duración, la clasificación es la siguiente:

Penas de carácter principal.

Pena de prisión, con una duración de tres meses y un día a veinticinco años.

Pena de inhabilitación definitiva para mando de buque de guerra o aeronave militar, que priva del mando realmente de una forma permanente y definitiva.

Pena de confinamiento, con una duración de seis meses y un día a seis años.

Pena de destierro, con una duración de tres meses y un día a seis años.

Penas de carácter accesorio.

Sería preciso distinguir entre penas de carácter accesorio que se imponen a los militares y penas de carácter accesorio que se imponen a quienes no ostentan esta calidad:

Penas accesorias que se imponen a los militares.

Pena de suspensión de empleo con una duración idéntica al tiempo de la pena principal (arts. 26 y 28).

Pena de deposición de empleo, con una duración idéntica al tiempo de la pena principal (arts. 26 y 28).

Penas accesorias que se imponen a quienes ostentan o no la calidad de militar.

Pena de inhabilitación absoluta, con una duración idéntica al tiempo de la pena principal (arts. 26 y 29).

Pena de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo, con una duración idéntica a la pena principal (arts. 26 y 29).

Pena de pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito (art. 34).

Pena que se puede imponer con carácter principal o con carácter accesorio.

Pena de pérdida de empleo. Esta pena, en ocasiones, es pena principal, aunque también puede ser accesoria.

De esta clasificación que se efectúa se excluye conscientemente la pena de suspensión de las actividades de la empresa, incautación o disolución de la misma, que el Código Penal Militar en el art. 24 considera como una pena de carácter accesorio, pues creemos que se trata de una verdadera medida de seguridad.

En relación con el cumplimiento de las penas privativas de libertad, es preciso distinguir: a) Se cumplen en establecimientos penitenciarios militares aquellas penas impuestas a militares por la comisión de delitos comprendidos en el Código Penal Militar, y también aquellas otras penas impuestas por la comisión de delitos comunes que lleven consigo la baja en las Fuerzas Armadas. b) Se cumplen en establecimientos ordinarios aquellas penas impuestas por la comisión de delitos comunes que no lleven consigo la baja en las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de su separación del resto de los penados (art. 42).

En el Código Penal Militar de 1985 no aparece la pena de destino a cuerpo disciplinario, por no responder ya a los criterios de política penológica, ni tampoco aparece la pena de degradación.

El Código Penal Militar de 1985 no contiene medidas de seguridad; sin embargo, en el art. 37 se remite a las medidas de seguridad que el Código Penal común, puesto que en los casos en que no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad se «podrá» imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley, sin perjuicio, dice este artículo, de las medidas de seguridad que el Código Penal común prevé al efecto.

En los casos que se apliquen las eximentes completas del art. 20.1, 2, y 3 del Código Penal común -que el Código Penal Militar no regula- se podrían aplicar las medidas de seguridad que allí se establecen con el contenido y el alcance del propio Código Penal común, a tenor de lo que establece el art. 5 del Código Penal Militar (disposición que remite al Código Penal común) y también por lo que dispone el art. 9 del Código Penal común.


Jurado jurados

Esta es la definicion de Jurado o Jurados segun el derecho procesal.
Tribunal de origen inglés introducido luego en otras naciones El nombre de jurado viene del juramento que se exigía a sus miembros para que pudieran ejercitar su función.

Se llama jurado puro aquel en que los, representantes del pueblo, legos, deciden sobre la cuestión de hecho y los magistrados, profesionales, sobre la cuestión de derecho; recibe el nombre de escabinado el sistema mixto, en que los legos (escabinos), y los profesionales del Derecho deciden conjuntamente sobre las cuestiones de hecho y de derecho.

También reciben el nombre de jurado, cada uno de los representantes del pueblo que forma parte del tribunal.


Estimacion objetiva

La definición de estimacion objetiva segun el derecho fiscal
Es una forma de cuantificar la base imponible de un impuesto utilizando para ello unos índices y módulos previamente fijados en una norma tributaria. En el IRPF se denomina estimación objetiva y se utiliza para determinar el rendimiento de actividades económicas en las pequeñas empresas. En el IVA se llama régimen simplificado y se usa para hallar la cuota a ingresar.


Estimacion indirecta

La definicion de estimacion indirecta segun el derecho fiscal.
Es una forma de calcular la base imponible por la Administración caracterizada por su carácter subsidiario, pues se aplica en defecto de la estimación directa o de la estimación objetiva, y porque no se basa en los datos reales del sujeto o del hecho gravado sino en signos externos, sin perjuicio de que se puedan usar los que resulten disponibles. El art. 50 de la Ley General Tributaria señala como supuestos que determinan su aplicación: la falta de presentación de declaraciones, la presentación de declaraciones inexactas, la resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora, así como el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables.


Estimacion directa

Esta es una definicion de estimacion directa segun el derecho fiscal
Es una forma de cuantificar la base imponible de un impuesto mediante datos reales aportados por el contribuyente. Es el régimen que más se aproxima a la capacidad económica real del sujeto gravado, garantizando en mayor medida que los otros (estimación indirecta y estimación objetiva) los fines de justicia del tributo en particular y del sistema tributario en general. En el IRPF se establecen dos modalidades para la determinación del rendimiento de actividades económicas: estimación directa normal y simplificada. La estimación directa normal permite deducir, como regla general, todos los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. La simplificada se aplica, salvo renuncia, a empresarios o profesionales cuya cifra neta de negocios no exceda del importe señalado en la normativa del impuesto, y establece un porcentaje deducible del rendimiento neto en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación.


Eutanasia

Vamos a explicar brevemente la eutanasia desde el punto de vista del derecho penal y lo que ello conlleva.
Por eutanasia, en términos genéricos, debe entenderse aquel comportamiento que, de acuerdo con el interés o voluntad de otra persona que padece una lesión o enfermedad incurable, generalmente mortal, que le causa graves sufrimientos y afecta considerablemente a su calidad de vida, da lugar a la producción, anticipación o no aplazamiento de la muerte del afectado. Literalmente eutanasia significa «muerte dulce» cuya aplicación no va exenta de polémica; en el derecho comparado nos encontramos con regulaciones de la misma, así el Código Penal noruego la acoge en sus preceptos, llegando a disculpar en cierto sentido la muerte, aun sin previo consentimiento, cuando se trata de enfermos sin esperanzas de vida; en el derecho holandés se reguló la eutanasia por Decreto de 17 de diciembre de 1993.

Derecho positivo: dentro del Título I del Libro II del Código Penal, «Del homicidio y sus formas», dispone el artículo 143.4: «El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo».

Se acoge en este artículo, por primera vez en la historia de nuestro Derecho Penal, una regulación expresa de la eutanasia, regulación que por otra parte está directamente relacionada con el artículo 10 de nuestra Constitución que postula la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y de la paz social. Nuestro Código Penal opta por aquella postura que entiende respecto a la eutanasia que conceder una impunidad absoluta y para todos los casos no es lícito, pues al fin y al acabo se trata de la muerte de un semejante, pero parificarlo con el homicidio tampoco es justo, procede por tanto, rebajar la pena, pero imponiendo una sanción por pequeña que sea, como muestra de reprobación de tales hechos.

En cuanto a las distintas clases de eutanasia, debemos distinguir:

1) Eutanasia terminal: abarca las situaciones en las que la medicina, de acuerdo con los actuales conocimientos y técnicas sólo puede limitarse a retrasar el momento de la muerte, sin capacidad para asegurar una vida que mantenga con una mínima autonomía las funciones vitales esenciales, integrando los casos de enfermo terminal, o persona en estado vegetativo. En estos supuestos, el personal sanitario no realizará a la luz del artículo 143.4 del Código Penal ninguna conducta típica cuando interrumpa (conducta activa), o no inicie (conducta pasiva), un tratamiento médico o quirúrgico, siempre y cuando no concurra la oposición del paciente capaz ni la del representante del incapaz.

2) Eutanasia paliativa: son supuestos en los que se aplican analgésicos o lenitivos con el fin de eliminar o mitigar graves sufrimientos, dando lugar a una anticipación del momento de la muerte, serían los casos de personas con afecciones incurables y permanentes. En estos supuestos, el personal sanitario tampoco incurrirá en el delito que nos ocupa y también por falta de tipicidad, cuando aplique (conducta activa), tratamientos que eliminen los sufrimientos, aunque los mismos anticipen el momento de la muerte, o bien cuando se prescinda (conducta pasiva), de aplicar tratamiento dolorosos, acelerándose con ello el momento de la muerte.

3) Eutanasia cualitativa: hace referencia a los supuestos en que se eliminan los sufrimientos padecidos por un enfermo mediante tratamientos que suponen la directa provocación de la muerte y que pueden darse en los casos sanitarios de eutanasia terminal y paliativa, la distinción con ellos radica en la entidad del comportamiento eutanásico, aquí se interviene directamente con el objeto de producir la muerte, en aquellos se trataba de evitar determinados sufrimientos o de no prolongar el irreversible momento de la muerte.

Los casos de eutanasia cualitativa integran los supuestos eutanásicos tipificados en el artículo 143.4 del Código Penal, siempre que sean comportamientos activos, ya que el artículo exige «causas o cooperar activamente…». Así mismo, el precepto exige que los actos encaminados a producir la muerte sean necesarios y directos, por lo que también son atípicos los actos de cooperación no necesaria, para determinar cuándo la cooperación es o no necesaria debemos acudir al artículo 28. a) del Código Penal.

Por otra parte, se exige una petición expresa, seria e inequívoca del afectado, pero no se establecen en el precepto exigencias en cuanto a su capacidad para consentir, sin que pueda aceptarse la vía de la representación a los efectos de manifestar la voluntad ya que no aparece contemplada en el precepto. Por petición debemos entender «solicitud», que implica trasladar la iniciativa al directamente afectado, no bastando el mero consentimiento a una propuesta ajena. En segundo lugar, la petición ha de ser expresa pero no necesariamente ha de ser escrita, pudiendo ser oral, pero no es admisible una petición tácita o por actos concluyentes. En tercer lugar, la petición ha de ser seria, es decir, reflexiva, formulada de tal manera que elimine cualquier tipo de duda sobre su carácter definitivo. En cuarto lugar, «petición inequívoca» ha de entenderse en el sentido de no dejar ningún margen a la duda sobre la voluntad de morir, para ello el afectado debe estar debidamente informado sobre su situación clínica en todos los extremos de diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

El Código Penal requiere además que «la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte» o «que produjere graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar». En cuanto al primer supuesto la doctrina considera que ha de tratarse de casos en los que no cabe curación y que en un plazo relativamente determinable produciría la muerte del enfermo, en cuanto al segundo, no deja claro el artículo los padecimientos psíquicos difíciles de soportar, el único requisito legal es que los mismos sean permanentes, es decir, incurables, aunque si duda debe darse entrada a los intermitentes, ya que no es necesario que dolor sea continuado, bastando con que sea permanente, es decir, no esporádico, por ello entiende la doctrina que los padecimientos psíquicos estarían incluidos en el artículo 143.4.

En cuanto al bien jurídico protegido en este delito sigue siendo el mismo que subyace en el resto de los artículos del Título I del Libro II del Código Penal, es decir, la vida humana independiente, que aparece reconocido como derecho fundamental de la persona en el artículo 15 de la Constitución, ya que en definitiva lo que se castiga es la muerte de otra persona, cuando concurran determinadas circunstancias.

Por lo que respecta a las penas aplicables, en los supuestos de cooperación necesaria, se prevé una pena de prisión de seis meses a dos años y en los de causación, prisión de un año y medio a seis años. La rebaja de pena que se aplica en estos casos es significativa, pues permitirá al condenado beneficiarse en un buen número de ocasiones de las reglas de suspensión de ejecución o de sustitución de las penas privativas de libertad, posibilidades que se contemplan respectivamente en los artículos 80 y ss. y 88 del Código Penal


desahucio administrativo

Esta es una breve definicion del desahucio administrativo
Por desahucio administrativo se entiende la modalidad de ejecución forzosa, por virtud de la cual la administración pública consigue el lanzamiento o desalojo de personas que ocupan un bien, básicamente fincas o inmuebles, sin título o con algún título, una vez que la propia administración resuelve la ineptitud del mismo para el mantenimiento de la utilización del bien, siendo nota destacada que dicho desahucio lo realiza la administración sin tener que acudir a los tribunales, como una aplicación más del principio de autotutela administrativa.

Ahora bien, aunque estrictamente la administración no precisa de intervención de los tribunales para el desahucio, lanzamiento y desalojo de quienes ocupan sin título sus bienes, si para ello se hace preciso la entrada en domicilio, habrá de contar con la oportuna autorización judicial, expedida por el Juez de lo Contencioso Administrativo, salvo que el fondo del asunto haya sido ya objeto de examen por un órgano jurisdiccional, al entender que éste habría velado también por el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria.

En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común no existe una previsión específica sobre el desahucio, encontrándose su regulación en la legislación de régimen local, en la expropiación forzosa, etc.


Sociedad cooperativa

Aqui teneis la definicion de sociedad cooperativa desde el punto de vista de derecho mercantil
La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional.

Podrán desarrollar cualquier actividad económica lícita, aunque la propia Ley que las regula establece un número tasado de clases de cooperativas de primer grado: de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, de viviendas, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de servicios, del mar, de transportistas, de seguros, sanitarias, de enseñanza y de crédito. Hay además cooperativas de segundo grado que son en realidad cooperativas de cooperativas.

Se constituyen mediante escritura pública que deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas, y se requieren tres socios en las de primer grado y dos en las de segundo grado. Los socios no asumen responsabilidades personales, salvo disposición contraria de los estatutos. Son órganos de la cooperativa, la asamblea general, el consejo rector, y la intervención. Una buena parte de las Comunidades Autónomas tienen competencia y legislación propia en esta materia.


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