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Delitos contra las relaciones familiares

Esta es la definición de Delitos contra las relaciones familiares
El Título XII del Libro II del nuevo Código Penal de 1995 agrupa bajo el título «Delitos contra las relaciones familiares» una serie de figuras delictivas antes dispersas en el articulado del Código que se deroga. Con independencia de que luego, al analizar cada uno de los tipos, quepa, en su caso, matizar las afirmaciones que ahora se hacen, lo que el legislador ha pretendido a la hora de agrupar estas figuras es, junto a la determinación del ámbito en que se produzcan todas las conductas típicas, que es el familiar, concretar el bien jurídico protegido que gira en torno a los derechos y deberes que nacen de dicha relación.

Con ello, además, no se hace sino dar cumplimiento a las previsiones de los arts. 32 y 39 de la Constitución y particularmente de este último, articulando la protección jurídico-penal de la familia.

El título se estructura en tres capítulos: «De los matrimonios ilegales -Capítulo I, arts. 217 a 219-, «De la suposición de parto y alteración de la paternidad, estado o condición del menor -Capítulo II, artículos 220 a 222-, «De los delitos contra los deberes familiares» -Capítulo III-, a su vez dividido en dos secciones: «Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de los menores al abandono del domicilio» -Sección 1.ª, arts. 223 a 225- y «Del abandono de familia, menores o incapaces» -Sección 2.ª, arts. 226 a 233-.

Con independencia de que para el análisis de cada una de las figuras indicadas nos remitamos a las correspondientes voces, sí es de señalar que al margen de algunas mejoras de tipo técnico, lo esencial de la nueva regulación ha estribado, como queda indicado anteriormente, en el agrupamiento de estos tipos en un único título, con una más fácil identificación del bien jurídico protegido, frente a la antigua regulación que incluía tales tipos, bien entre los delitos contra el estado civil de las personas -suposición de parto y matrimonios ilegales-, bien entre los delitos contra la libertad y seguridad, sistemática ésta, que habría merecido no pocas críticas por parte de importantes sectores doctrinales.


Derecho de visita

Esta es la definición de derecho de visita desde el punto de vista del derecho civil
Derecho de visita es el derecho que la ley atribuye al cónyuge que, tras el divorcio, no tenga consigo a los hijos para visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía. Debe ser determinado en virtud de convenio regulador o, en su defecto, por el Juez.
Recientemente ha sido regulado en el CC el derecho de visita de los abuelos


Atenuantes

Esta es la definición de atenuantes desde el punto de vista del derecho penal
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que disminuyen la pena correspondiente al delito. Estas circunstancias pueden ser: 1) causas eximentes incompletas; 2) adicción a drogas u otras sustancias previstas en la ley; 3) arrepentimiento; 4) arrebato, obcecación u estado pasional semejante; 5) reparación del daño causado, y 6) circunstancia análoga. Existen atenuantes comunes a todos los hechos delictivos o particulares en alguno de ellos (detenciones ilegales).
Existe una circunstancia mixta de parentesco que agrava o disminuye la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.


Ejecución forzosa

Esta es la definción de ejecución forzosa desde el punto de vista del derecho administrativo.

La ejecución forzosa es una ejecución obligada por la Administración, previo apercibimiento a los interesados, de sus actos administrativos, salvo en los casos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los tribunales. Los medios de ejecución forzosa son: 1) multa coercitiva; 2) compulsión sobre las personas; 3) apremio sobre el patrimonio, y 4) ejecución subsidiaria.
Cuando fueren varios los medios de ejecución, se elegirá el menos restrictivo de libertad individual.


Asamblea de trabajadores

Esta es la definición de asamblea de trabajadores desde el punto de vista del derecho laboral.
Manifestación del ejercicio de uno de los derechos básicos de los trabajadores, el derecho de reunión. Constituye un cauce de participación colectiva de los trabajadores en la empresa. Este derecho es inherente a los empleados de la empresa y se ejerce en el mismo lugar de trabajo. Las asambleas de trabajadores se encuentran sometidas a un régimen de convocatoria, orden del día, limitaciones de tiempo, etc., y en la misma pueden adoptarse acuerdos sobre asuntos de la empresa que afecten a los trabajadores del centro de trabajo.


Incapacidad temporal

Esta es la definición de incapacidad temporal desde el punto de vista del derecho laboral
Situación en la que se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y necesita asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El subsidio se abonará, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará, respectivamente, a partir del decimosexto día de baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive.


Coacciones

Definición de Coacción o coacciones desde el punto de vista del derecho penal.
Delito contra la libertad por el que una persona, utilizando violencia, impide a otra persona ha- cer algo que la ley no prohíbe o le obliga a hacer lo que ésta no quiere, sea justo o injusto. A juicio de la doctrina más autorizada, así como de lajurisprudencia, el concepto de violencia hay que entenderlo no sólo como fuerza física, sino también como intimidación personal e, incluso, como fuerza en las cosas (corte de luz, agua, etc.). Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena. En ocasiones, resulta complejo distinguir las coacciones de las amenazas; no obstante, defiende MUÑOZ CONDE que en estos casos basta con recurrir al concurso de leyes y aplicar la pena más grave. Delito doloso en el que tan sólo cabe error de prohibición como causa excluyente de responsabilidad criminal. En los casos en que, a pesar de la violencia ejercida, la persona llega a hacer o no dejar de hacer lo que ésta quiere, se estaría cometiendo el delito en grado de tentativa.


Abandono de familia

Esta es la definición de abandono de familia, desde el punto de vista del derecho civil
Abandono de familia: Hecho delictivo que se realiza cuando una persona incumple los deberes inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o la obligación de sustento a sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se encuentran necesitados. Se halla regulado en una norma penal en blanco, es decir, que para conocer cuáles son los concretos deberes infringidos debemos remitirnos a las normas del Derecho civil reguladoras de estas instituciones (patria potestad, acogimiento, deber de prestar alimentos, etc.). En la comisión de este delito, su autor puede incurrir en error de tipo como causa excluyente de responsabilidad criminal.


Asignaturas de la carrera de Derecho

Esta es una breve explicación de las asignaturas que nos podemos encontrar en la carrera de Derecho y la tematica que se puede llegar a tratar en cada una de las asignaturas.

Las que exponemos son las asignaturas troncales de la licenciatura de Derecho en la mayoria de Universidades de España:

1. DERECHO ROMANO
Introduce en las principales instituciones jurídicas del Derecho romano, analizándolas desde su origen y en su evolución histórica, con especial incidencia en las figuras jurídicas propias que posteriormente se consolidarían en el Derecho privado: acción justinianea, sucesiones, comunidad de bienes, etc.

2. TEORÍA DEL DERECHO
Aborda el estudio del Derecho y las normas desde un punto de vista filosófico-moral, su validez, eficacia, la justicia de las mismas, el Derecho positivo, los derechos humanos y los derechos fundamentales.

3. DERECHO CIVIL
Su contenido puede estructurarse en cuatro ámbitos fundamentales que suelen coincidir con cuatro cursos académicos:
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO CIVIL
Se centra en las fuentes del Derecho, las normas de aplicación e interpretación. También analiza la esfera de la persona física desde distintos ámbitos: su nacimiento, estados civiles, la nacionalidad, vecindad civil, domicilio, ausencia, defunción. Respecto a la persona jurídica se ciñe a las asociaciones y fundaciones. Algunas Facultades también abordan con carácter general la teo- ría del negocio jurídico.
OBLIGACIONES Y CONTRATOS
Comprende las fuentes, clases, cumplimiento y causas de extinción de las obligaciones. Con relación a los contratos, se estudia su naturaleza jurídica, elementos, perfección, ineficacia, clasificación de los mismos y contratos en particular (compraventa, arrendamientos, préstamo, mandato, depósito, etc.).
También analiza la responsabilidad civil extracontractual, el cuasicontrato y el enriquecimiento injusto.
DERECHOS REALES
Abarca el estudio de la naturaleza y clases de bienes, así como los dere- chos que se ostentan sobre los mismos: propiedad (modos de adquisición de la misma), posesión, usufructo, uso, habitación, accesión, enfiteusis, hipoteca, prenda, anticresis, censos.
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
Se analizan las siguientes instituciones: con relación al Derecho de familia, el matrimonio, régimen económico matrimonial, filiación, parentesco, patria potestad, alimentos; respecto al Derecho de sucesiones, tipos de sucesión, la herencia, legado, testamento y otros.

4. DERECHO CONSTITUCIONAL
Analiza la Constitución, su historia, estructura, derechos fundamenta- les, la Corona, los órganos del Estado, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), la democracia, pluralismo político, tipos de sucesión, el régimen electoral y el Estado de las Autonomías. Junto a ello, como institución encargada de velar por la protección de la Constitución, tiene especial importancia el Tribunal Constitucional (composición y funciones).

5. DERECHO PROCESAL
Se divide en dos ámbitos: por un lado, la teoría general del Derecho procesal, que abarca las materias sobre jurisdicción (fundamento, poder judicial, extensión y límites), la acción y el proceso, y, por otro lado, los procesos en particular en cada orden jurisdiccional (civil, penal, social, contencioso-administrativo).

6. DERECHO PENAL Se estructura en dos bloques:
PARTE GENERAL
Incluye las siguientes materias: la teoría general del delito; los principios de culpabilidad, de antijuridicidad, de tipicidad; el dolo; la imprudencia; cau- sas de justificación; circunstancias atenuantes y agravantes; y las penas, sus clases, aplicación y prescripción y las medidas de seguridad.
PARTE ESPECIAL
Abarca los hechos punibles en particular, ya sean delitos (homicidio y sus formas; aborto; lesiones; manipulación genética; delitos contra la libertad; tortura y delitos contra la integridad moral; delitos contra la libertad sexual; omisión del deber de socorro; delitos contra la intimidad, la propia imagen y el domicilio; delitos contra el honor; delitos contra las relaciones familiares; delitos contra la seguridad colectiva; falsedades; delitos contra la Administración de Justicia, salvo la prevaricación; delitos contra la Constitución; delitos contra el orden público; delitos relativos a la defensa nacional; delitos contra la comunidad internacional) o faltas.

7. DERECHO MERCANTIL
Se centra en las siguientes materias: evolución histórica del Derecho mercantil, concepto y fuentes, el empresario individual, las sociedades mercantiles, sus tipos (colectiva, comanditaria, anónima, de responsabilidad limitada), efectos de comercio (letra de cambio, cheque, pagaré), contratos mercantiles, sus clases (compraventa mercantil, contrato bancario, leasing, franquicia) y Derecho marítimo.

8. DERECHO ADMINISTRATIVO
Se inicia con el estudio de las fuentes (especialmente la Ley y el Reglamento), concepto de Derecho administrativo, Administración y Administrado, el acto administrativo (sus elementos), el procedimiento administrativo (sus fases), contratación administrativa, servicio público, fomento, dominio público y expropiación.

9. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Consta de dos partes básicas:
PARTE GENERAL
Incluye las fuentes y principios del Derecho tributario, concepto de tribu- to, impuestos, tasas, contribuciones especiales, sujeto pasivo, retenedor, susti- tuto, responsable, liquidación, recaudación y presupuestario.
PARTE ESPECIAL
Comprende los impuestos en particular, entre otros, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Sociedades, etc.
Analiza las fuentes del Derecho laboral, los convenios colectivos, el empresario, el trabajador, contratos de trabajo y sus modalidades, condiciones laborales, vicisitudes en las relaciones de trabajo , etc., así como las líneas básicas en materia de Seguridad Social, entre otras, la acción protectora, contin- gencias, recaudación y prestaciones.

11. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Comienza con un análisis histórico de la disciplina y continúa con las fuentes del Derecho internacional (Tratados y costumbre) y sus modos de creación, los sujetos (Estados, organizaciones internacionales), la aplicación del Derecho, relaciones entre los Estados, solución pacífica de controversias y control del uso de la fuerza.

12. DERECHO COMUNITARIO
Es la asignatura más reciente y estudia el proceso de integración europea, los Tratados fundacionales, las fuentes del Derecho comunitario originario y derivado, su interpretación y aplicación, la ciudadanía, las instituciones (Con- sejo, Consejo Europeo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia, etc.) y las políticas europeas.


Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.)

Esta es la definición del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) desde el punto de vista de derecho urbanistico
Es el instrumento básico de ordenación general e integral del territorio de un municipio. Constituye la pieza esencial del ordenamiento urbanístico: ordena todo el territorio de su ámbito (normalmente un solo término municipal pero puede extenderse a varios municipios, en cuyo caso será un plan de conjunto o comarcal); regula el uso del suelo con distinta intensidad según sea urbano (regulación detallada), urbanizable (regulación genérica), no urbanizable (regulación de preservación) y respetará las directrices y determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial de los planes superiores directivos a las que está vinculado por el principio de jerarquía normativa.

Constituye su contenido básico las siguientes determinaciones de carácter general:

1) Clasificación del suelo, con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías en que se divida. El suelo del término municipal habrá de clasificarse de urbano, urbanizable o no urbanizable, o categorías equivalentes establecidas por la normativa autonómica (art. 7 L.S./98), para establecer el régimen jurídico correspondiente.

2) Definición de los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio, que está integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano, y, en particular, por los sistemas generales de comunicación y sus zonas de protección, el de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante, en relación con la población prevista por el Plan, y el de equipamiento comunitario y para centros públicos.

3) Programación de su desarrollo. Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el P.G.O.U. establecerá la programación (Programa de Actuación) para su desarrollo y ejecución, en dos etapas cuatrienales, con el fin de coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas.

4) Criterios para su revisión. Aún cuando el Plan tiene vigencia indefinida éste ha de señalar las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente, en su momento, la revisión del mismo, en función de los elementos que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada, por factores no previstos al tiempo de la elaboración del plan que suponga la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, ya sea por la elección de un modelo territorial distinto o por circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o, incluso, por el agotamiento de su capacidad.

5) Medidas para la protección del patrimonio cultural y natural. El P.G.O.U. establecerá los criterios y señalará los presupuestos de hecho con arreglo a los cuales puedan delimitarse los espacios, zonas y conjuntos para someterlos a la especial legislación sectorial; que podrá completar con el establecimiento de medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de naturaleza y el paisaje, los elementos naturales, los conjuntos urbanos y elementos histórico-artísticos, consistentes en la prohibición de determinadas actividades a desarrollar en las zonas o conjuntos, o la imposición de obligaciones tendentes a evitar las degradaciones de cualquiera de los elementos protegidos.

6) Reserva de terrenos para equipamientos públicos. En el caso de normativas autonómicas, como es el caso de Aragón (art. 33 L.U.A.R.), Canarias (art. 32.A. L.O.T.C.A.), Castilla y León (art. 41,f. L.U.C.L.), Cataluña (art. 24 T.R.U.C.), Valencia (art. 17.1 L.A.U.C.V.), Navarra (art. 82 L.O.T.U.N.) y La Rioja (art. 57.d L.O.T.U.R.). En el art. 13 de la L.S./76; el art. 83.2 de la L.S./92 y el art. 45 del RP, se prevé la fijación de reservas de terreno en suelo urbanizable programado, por medio de los planes parciales.

7) Delimitación de Áreas de Reparto y fijación de aprovechamientos tipo. Las áreas de reparto son una división artificial para delimitar y asignar aprovechamientos tipo, en suelo urbano y urbanizable, con el resultado de configurar una cuota abstracta de propiedad con la finalidad de repartir justamente las cargas y beneficios en las actuaciones urbanísticas.

Cuando existen áreas de reparto, el Plan delimitará las Unidades de Ejecución dentro de cada área para la realización de actuaciones sistemáticas.

En las CC.AA. que han asumido la L.S./92 tienen vigencia las áreas de reparto y se rigen por esa normativa estatal. En las CC.AA. que se rigen por la L.S./76, por no tener normativa urbanística propia no existen áreas de reparto y aprovechamiento tipo. En las CC.AA. con normativa urbanística propia habrá de atenerse a ella para determinar la existencia de ese u otro instrumento semejante. Las A.R. están previstas en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia y no se prevén en Aragón, Canarias, Cataluña y La Rioja.

En aquellas CC.AA. donde el Plan ha de establecer áreas de reparto rige la técnica del aprovechamiento tipo. En las restantes se aplica, en suelo urbanizable, la técnica del aprovechamiento medio.

Sus determinaciones se concretan y desarrollan en cada clase de suelo según se indica a continuación:

En suelo urbano.

1) Delimitación de su perímetro o perímetros, según existan uno o varios núcleos urbanos en el ámbito territorial del plan. 2) Señalamiento de las áreas en las que se prevean operaciones de reforma interior, objeto de Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), con especificación de los objetivos, usos e intensidades de la reforma prevista. 3) Asignación pormenorizada de los usos y tipologías y los niveles de intensidad correspondientes a las diferentes zonas, definiendo de forma detallada la utilización específica de los terrenos en ellas incluidos. 4) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos, así como de las zonas deportivas, de recreo y expansión también públicas. Estas dotaciones son independientes de las establecidas en este tipo de suelo para la estructura general y orgánica del territorio, y se fijaran en proporción a las necesidades colectivas y a las características socioeconómicas de la población. 5) Emplazamiento reservado para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social. 6) Trazado y características de la red viaria pública, con clasificación de la misma en función del tráfico previsto, y señalamiento de alineaciones y rasantes, precisando la anchura de los viales o definiendo el criterio para su fijación. 7) Previsión de aparcamientos públicos. 8) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos o construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación de la edificación de su entorno. 9) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que prevea el Plan. 10) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización. 11) Plazos para la ejecución del planeamiento.

En suelo urbanizable.

Contendrá las siguientes determinaciones específicas adicionales a las de carácter general, con un grado de precisión relativo que deberá ser desarrolladas y concretadas por medio del Plan Parcial 1) desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio, sistema de comunicaciones, espacios libres, y de equipamiento comunitario, con la precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales o Especiales. 2) Asignación de usos e intensidades globales. 3) Emplazamiento de los centros de servicio y trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y demás servicios que prevea el plan. 4) División del territorio en sectores para su desarrollo. 5) Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total afectada y de cada uno de los sectores de la misma.

En suelo urbanizable no programado.

La L.S./98 no distingue categorías dentro del suelo urbanizable, pero existen planes generales aprobados que contienen determinaciones para este tipo de suelo integrado por aquel que sólo puede ser objeto de urbanización mediante programas de actuación urbanística y planes parciales. 1) El plan delimitará su ámbito geográfico. 2) Señalará los usos incompatibles. 3) Fijará las características técnicas que han de reunir las actuaciones. Hasta la aprobación del PAU correspondiente está sujeto a las mismas limitaciones del suelo no urbanizable.

En suelo no urbanizable.

El plan 1) delimitará las áreas sometidas a algún régimen de especial protección o que deban preservarse por sus especiales valores del desarrollo urbano. 2) Establecerá las condiciones de uso y disfrute de conformidad con su naturaleza y las medidas de protección del territorio y del paisaje. 3) Fijará las circunstancias en que podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público. 4) Establecerá las características de los edificios y construcciones que puedan levantarse. 5) Contendrá la definición del concepto de núcleo de población, las circunstancias objetivas que den lugar a su formación y las medidas que impidan su constitución.

La normativa de las comunidades autónomas prevén otras determinaciones adicionales para los planes generales de ordenación urbana. En Aragón, el plan contendrá determinaciones referentes a la conservación del medio ambiente, la naturaleza y el patrimonio cultural aragonés. En Baleares deberá delimitar los núcleos rurales dentro del suelo rústico y establecer condiciones para su ordenación; así como las zonas aptas para el uso turístico; e incluirá la documentación suficiente para hacer frente a los riesgos de desprendimiento, erosión, inundación, contaminación de acuíferos e incendio, con la finalidad de reducir al máximo los niveles de riesgos de tales acontecimientos. En Canarias, dentro de la ordenación estructural incorporará medidas protectoras precisas para los bienes de dominio público, regulará las condiciones complementarias para la aprobación de proyectos de actuación territorial, que garanticen su integración en el modelo de ordenación del territorio, establecerán reservas de terrenos para patrimonios públicos de suelo. En Castilla y León, los planes contendrán un catálogo de elementos a conservar o recuperar por sus valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio público, especificando las medidas de protección; en suelo urbanizable no delimitado fijará las reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo; en suelo rústico contendrá las normas de protección específica para mantener su carácter, en función de su categoría, así como para garantizar el carácter aislado de las construcciones; determinaciones para favorecer la conservación del patrimonio cultural y para la conservación o recuperación de las condiciones ambientales adecuadas; así como determinaciones tendentes a lograr la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos sociales. En Galicia, se exige la delimitación de los núcleos rurales. En La Rioja los planes generales establecerán las condiciones para la supresión de las barreras urbanísticas. En Navarra delimitará las agrupaciones de edificaciones a los efectos de diferenciar los núcleos urbanos unitarios y complejos, y los núcleos rurales compactos y dispersos; condiciones para la supresión de barreras y regulaciones de las edificaciones fuera de ordenación. En el País Vasco, se precisará en el suelo no urbanizable de núcleo rural la disposición de las parcelas vinculadas a la edificación, las susceptibles de construcción y las condiciones particulares de edificación. En Valencia, el Plan contendrá la previsión de los terrenos en los que se proyectan actuaciones urbanísticas aisladas e integradas; señalará el ámbito mínimo de los planes parciales; la previsión de expansión urbana a 10 años; su incidencia en el planeamiento de los municipios colindantes; la determinación de terrenos de desarrollo prioritario; delimitará las áreas para el desarrollo e instalación de actividades industriales y semejantes en municipios de menos de 5.000 habitantes sin suelo industrial, y deberá acreditar el cumplimiento de la normativa en cuanto a supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas.

Las determinaciones del Plan General se desarrollarán en los siguientes documentos:

a) Memoria. Que establecerá las conclusiones de la información urbanística que condicionen la ordenación del territorio, analizará las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido, las determinaciones de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo, contiene la motivación del Plan, con los aspectos del art. 38 del RPU, y tiene carácter vinculante.

b) Planos de información y ordenación urbanística del territorio, redactados a la escala adecuada, reflejarán la situación del territorio.

c) Normas urbanísticas, que diferenciarán el tratamiento aplicable a los distintos tipos y categorías de suelo.

d) Programa de Actuación, en el que se establecen los objetivos, directrices y estrategia para su desarrollo, las previsiones concernientes a la realización de los sistemas generales, las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en suelo urbanizables y los plazos a que han de ajustase las actuaciones para completar la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior.

e) Estudio económico-financiero, De carácter absolutamente esencial cuya ausencia provoca la nulidad del planeamiento, evalúa económicamente la ejecución de las obras de urbanización correspondiente a la estructura general y orgánica del territorio y determina las fuentes de financiación.


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