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Delitos contra las relaciones familiares

Esta es la definición de Delitos contra las relaciones familiares
El Título XII del Libro II del nuevo Código Penal de 1995 agrupa bajo el título «Delitos contra las relaciones familiares» una serie de figuras delictivas antes dispersas en el articulado del Código que se deroga. Con independencia de que luego, al analizar cada uno de los tipos, quepa, en su caso, matizar las afirmaciones que ahora se hacen, lo que el legislador ha pretendido a la hora de agrupar estas figuras es, junto a la determinación del ámbito en que se produzcan todas las conductas típicas, que es el familiar, concretar el bien jurídico protegido que gira en torno a los derechos y deberes que nacen de dicha relación.

Con ello, además, no se hace sino dar cumplimiento a las previsiones de los arts. 32 y 39 de la Constitución y particularmente de este último, articulando la protección jurídico-penal de la familia.

El título se estructura en tres capítulos: «De los matrimonios ilegales -Capítulo I, arts. 217 a 219-, «De la suposición de parto y alteración de la paternidad, estado o condición del menor -Capítulo II, artículos 220 a 222-, «De los delitos contra los deberes familiares» -Capítulo III-, a su vez dividido en dos secciones: «Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de los menores al abandono del domicilio» -Sección 1.ª, arts. 223 a 225- y «Del abandono de familia, menores o incapaces» -Sección 2.ª, arts. 226 a 233-.

Con independencia de que para el análisis de cada una de las figuras indicadas nos remitamos a las correspondientes voces, sí es de señalar que al margen de algunas mejoras de tipo técnico, lo esencial de la nueva regulación ha estribado, como queda indicado anteriormente, en el agrupamiento de estos tipos en un único título, con una más fácil identificación del bien jurídico protegido, frente a la antigua regulación que incluía tales tipos, bien entre los delitos contra el estado civil de las personas -suposición de parto y matrimonios ilegales-, bien entre los delitos contra la libertad y seguridad, sistemática ésta, que habría merecido no pocas críticas por parte de importantes sectores doctrinales.


Atenuantes

Esta es la definición de atenuantes desde el punto de vista del derecho penal
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que disminuyen la pena correspondiente al delito. Estas circunstancias pueden ser: 1) causas eximentes incompletas; 2) adicción a drogas u otras sustancias previstas en la ley; 3) arrepentimiento; 4) arrebato, obcecación u estado pasional semejante; 5) reparación del daño causado, y 6) circunstancia análoga. Existen atenuantes comunes a todos los hechos delictivos o particulares en alguno de ellos (detenciones ilegales).
Existe una circunstancia mixta de parentesco que agrava o disminuye la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.


Coacciones

Definición de Coacción o coacciones desde el punto de vista del derecho penal.
Delito contra la libertad por el que una persona, utilizando violencia, impide a otra persona ha- cer algo que la ley no prohíbe o le obliga a hacer lo que ésta no quiere, sea justo o injusto. A juicio de la doctrina más autorizada, así como de lajurisprudencia, el concepto de violencia hay que entenderlo no sólo como fuerza física, sino también como intimidación personal e, incluso, como fuerza en las cosas (corte de luz, agua, etc.). Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena. En ocasiones, resulta complejo distinguir las coacciones de las amenazas; no obstante, defiende MUÑOZ CONDE que en estos casos basta con recurrir al concurso de leyes y aplicar la pena más grave. Delito doloso en el que tan sólo cabe error de prohibición como causa excluyente de responsabilidad criminal. En los casos en que, a pesar de la violencia ejercida, la persona llega a hacer o no dejar de hacer lo que ésta quiere, se estaría cometiendo el delito en grado de tentativa.


Homicidio

Esta es la definición de homicidio desde el punto de vista de derecho penal
El Código Penal, dentro del Título I del Libro II «Del homicidio y sus formas», castiga en el artículo 138 el delito de homicidio: El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

La palabra homicidio tiene un doble sentido en el Código Penal, ya que por un lado significa el denominador común de los delitos de homicidio común, auxilio e inducción al suicidio y asesinato, siendo necesario hacer referencia a la desaparición del nuevo Código Penal de los delitos de parricidio e infanticidio, pero estrictamente tomado, el término sólo se refiere al delito previsto en el artículo 138, el cual, por otro lado, es el delito doloso, debiendo acudir respecto al homicidio imprudente al artículo 142, castigándose los actos preparatorios en el artículo 141 y en último término, se castiga en el artículo 621.2, en sede de faltas, la muerte causada por imprudencia leve. El delito de homicidio ha ejercido una gran influencia en la historia del Derecho Penal, debido a su relativa simplicidad y a su particular gravedad, como lo demuestra, respecto a esta última el bien jurídico protegido, la vida humana independiente, derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 15 de la Constitución y que constituye el soporte ontológico del resto de los derechos fundamentales de la persona.

La acción consiste en matar a otro, siendo indiferente cómo se produzca el resultado, el momento inicial de la protección lo determina el nacimiento que marcará la frontera entre el homicidio y el delito de aborto, el momento de la muerte determina el final de la protección y la distinción entre el delito de homicidio y el delito imposible.

A efectos penales, no hay más concepto de nacimiento que el natural, basta y sobra con haber nacido vivo para obtener la tutela jurídica aunque no se den los requisitos exigidos para ser persona, se trata por tanto, de un concepto descriptivo, mientras que el concepto de muerte se encuentra acotado normativamente, la cuestión de determinar el momento de la muerte con absoluta exactitud, se hizo necesario al comenzar a verificarse los trasplantes de corazón, para poder utilizar la víscera cardiaca del donante; la Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre extracción y trasplante de órganos y el Real Decreto de 22 de febrero de 1980 que la desarrolla, basan la comprobación de la muerte en la existencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida, estableciendo los requisitos y el tiempo mínimo para determinar que la actividad cerebral ha cesado, siendo necesario que el certificado de defunción, basado en la comprobación de la muerte cerebral, sea suscrito por tres médicos.

Sujeto activo del delito de homicidio puede ser cualquiera, ya que estamos ante un delito común, como lo demuestra el propio artículo 138 que se refiere a «el que…»; las únicas limitaciones provendrán del concurso de leyes, así no cometerá homicidio, el que dé muerte a una persona concurriendo alguna de las circunstancias del asesinato, castigado este último en el artículo 139 del Código Penal. Cabe la posibilidad de una pluralidad de sujetos activos que responderán como coautores, cuando exista un acuerdo, expreso o tácito y anterior o coetáneo a la acción, siempre que todos ellos intervengan en la ejecución material del hecho y aunque la muerte se produzca únicamente por la intervención de alguno de ellos. En cuanto al sujeto pasivo, «el nacido vivo», en este delito coinciden objeto material del delito y sujeto pasivo, si bien se podría distinguirlos ya que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido por la Ley, es decir, el ser humano y el objeto material es el cuerpo humano sobre el que la acción recae. La prohibición de matar rige también en tiempo de guerra, la muerte del prisionero o del enemigo que se rinde es contraria a las leyes y usos de la guerra y al derecho interno. Siendo también indiferente a efectos de punición que al sujeto pasivo le quede poca vida por estar afectado de una enfermedad incurable y mortal.

Entre el acto homicida y el resultado ha de existir una relación de causalidad, es decir, de causa a efecto, exigiendo además la doctrina penal moderna la imputación objetiva del resultado, en este sentido, si el acto encaminado a causar la muerte produce una lesión mortal de necesidad, muriendo a consecuencia de ella el lesionado, no hay problema. El autor no puede discutir que es responsable de homicidio. El problema surge cuando la lesión no es de por sí mortal de necesidad y, no obstante ello, se ha producido la muerte por intervención de una concausa. La cuestión estriba en estos casos en determinar que accidentes son «extraños a la acción», es decir, interrumpen la relación de causalidad, existiendo al respecto una copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El homicidio es un delito de resultado, ningún obstáculo existe, por tanto, para la admisión de la comisión por omisión, requiriéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Código Penal la posición de garante que ocupe el sujeto activo y la certeza de que una intervención positiva hubiera con casi toda probabilidad evitado el resultado, la concurrencia de estos requisitos, determinará la prevalencia de la omisión impropia sobre los eventuales delitos de omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 del Código Penal), o de impedir determinados delitos (art. 450 del Código Penal).

El dolo en este artículo 138 está integrado por el conocimiento y voluntad de realización de una acción dirigida a producir la muerte de otro, el error sobre un elemento del tipo objetivo determinará la ausencia del dolo y excluirá la responsabilidad en el caso de ser invencible, si es vencible, el hecho deberá castigarse conforme al homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal. Cabe así mismo el dolo eventual, que por lo demás, es frecuente en este delito, dándose en aquellos supuestos en los que el resultado aparece como probable, consistiendo el agente a su cargo el evento dañoso, es decir, aceptando la muerte de otro si tiene lugar la misma.

En el homicidio son aplicables las reglas generales sobre el iter criminis, la tentativa de homicidio requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal que el sujeto dé comienzo a la ejecución del delito por actos exteriores, directamente encaminados a su consumación que supongan en todo caso un peligro para el bien jurídico protegido. El artículo 141 del Código Penal dispone: «La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores». De acuerdo con el nuevo sistema adoptado por el Código Penal, de numerus clausus respecto a la punición de los actos preparatorios, se castigan en este artículo los actos preparatorios que aparecen definidos en los artículos 17 y 18 del Código Penal.

Si bien se castigan conjuntamente con los actos preparatorios previstos para el delito de asesinato, estos actos se castigarán en el homicidio con una pena de prisión de cinco a diez años, si se impone la pena inferior en un grado, o bien con la pena de prisión de dos años y seis meses a cinco años cuando se imponga la pena inferior en dos grados. En cuanto al medio ejecutivo, la destrucción de la vida humana puede tener lugar por los siguientes medios: 1) Materiales, que pueden ser positivos como por ejemplo golpes idóneos para causar la muerte, o bien omisiones (ya analizadas). 2) Morales, el Tribunal Supremo en algunas viejas sentencias aceptó situaciones muy lindantes con el homicidio moral, si bien la doctrina está dividida al respecto, debido a la dificultad de probar que las torturas morales han sido la causa de la muerte.

Por último, el homicidio está en relación de concurso de leyes con los demás delitos contra la vida humana independiente, siendo el artículo 138 Ley general, de conformidad con la regla primera del artículo 8.1 del Código Penal


Participación delictiva

Esta es la definición de participación delictiva desde el derecho penal
Dispone el artículo 27 del Código Penal que: «Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices». En el nuevo Código, a diferencia de lo que ocurría con el anterior, el encubrimiento ha dejado de ser una forma de participación para convertirse en un figura autónomamente penada.

El artículo 28 del Código está dedicado a la autoría, si bien la doctrina considera que en este precepto se recoge la participación junto a la autoría a los solos efectos de la penalidad. En cualquier caso, se recoge la autoría, la inducción y la cooperación necesaria.

Esto plantearía el problema de la diferencia entre autoría y participación, en una primera aproximación, autor es quien realiza el hecho como propio, mientras que partícipe es quien interviene en un hecho ajeno. La S.T.S. de 24 de febrero de 1989, establece la diferencia de acuerdo con la denominada teoría del dominio del hecho, y así establece que «la jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando el criterio del dominio del hecho como un elemento conceptual que permite una adecuada distinción de la autoría y las formas accesorias de participación. En este sentido se ha presupuesto que el dominio del hecho no es un concepto descriptivo que permita resolver la cuestión de la autoría mediante una sencilla subsunción, sino un principio rector que se debe concretar a la luz de las circunstancias de cada caso especial».

El párrafo 1 del artículo 28 dispone que: «son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento […]». En el precepto se recogen tres supuestos diferentes:

– Autoría directa, quienes realizan el hecho por sí solos.

– Coautoría, realización conjunta del hecho.

– Autoría mediata, realización del hecho por otro del que se sirve como instrumento.

El Código utiliza un concepto restrictivo de autor, siendo éste quien realiza el hecho típico, y no todo aquel que contribuye con una condición causal a la verificación del mismo. El concepto restrictivo de autor se vincula al tipo legal y hace que las normas sobre participación aparezcan como normas extensivas de la punibilidad, ya que de no existir, los partícipes no podrían ser castigados conforme al tipo penal.

Con la teoría del dominio del hecho es posible la admisión de las tres formas de autoría recogidas en el primer párrafo, y ello porque: 1.º Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; 2.º es el autor quien ejecuta el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); 3.º es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho), aunque no sea un acto típico en sentido estricto, pero participando en todo caso de la común resolución delictiva.

La inducción aparece recogida en el segundo párrafo del artículo 28, al disponer que: «También se consideran autores: a) Los que inducen directamente a otro a ejecutarlo […]». La inducción equivale a causar en otra persona la resolución de ejecutar un hecho delictivo, y así, no nos encontraríamos en un supuesto de inducción si el sujeto a quien se dirige la instigación estaba ya decidido con anterioridad a ejecutar el hecho.

Ha sido el Tribunal Supremo, en S.T.S. de 25 de junio de 1985, quien ha resumido los requisitos necesarios para que pueda hablarse de inducción:

«Ha de ser anterior al hecho o, al menos, concomitante con el mismo, pues se ha de ejercer sobre una persona determinada -aunque se admite la inducción por medio de persona intermedia- para la comisión de un delito también determinado y, en muchos casos, especialmente en los delitos contra las personas, ha de recaer en un sujeto pasivo así mismo determinado; eficaz o suficiente, es decir, causante de la determinación del inducido o autor material, de tal modo, que el pacto, el consejo o el mandato, ejerzan influencia tan decisiva en el ánimo del inducido que, apoderándose o sojuzgando la voluntad de éste le determine a cometer un delito, debiéndose detectar la presencia de una relación de causalidad […]; abierta, clara y no insidiosa; dolosa, esto es, que es preciso que el inductor haya procedido maliciosamente en la determinación del autor material, teniendo consciencia de la antijuridicidad del hecho y de que, dicho hecho, está amenazado con una pena, y, finalmente, seguida de la ejecución del delito convenido o, al menos, de cualquiera de sus formas imperfectas de ejecución».

La cooperación necesaria aparece recogida en la letra b del artículo 28. El cooperador necesario es un partícipe que, a diferencia de lo que sucede con la coautoría, no ejecuta el hecho típico, sino que pone a contribución una actividad ajena, pero íntima y necesariamente relacionada con aquél, caracterizándose el auxilio prestado por este notorio coadyuvante, por su principalidad para la realización del delito. Nuestra jurisprudencia (S.T.S. de 24 de febrero de 1995) acoge la doctrina de los bienes escasos para juzgar si la cooperación es o no necesaria:

«Por bienes escasos han de entenderse los que no le serían fácilmente obtenibles al autor principal, de modo que toda colaboración que un ciudadano común no estaría dispuesto a prestar por su carácter ilícito, peligroso o difícil de proporcionar y que resulta causalmente eficaz para el resultado delictivo constituye la aportación de un bien escaso».

La complicidad nos la recoge el artículo 29 en los siguientes términos: «Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos».

Según la jurisprudencia, la complicidad es una participación periférica y accidental o de carácter auxiliar, secundaria o accesoria, pero en todo caso eficaz, cualitativamente inscribibles en las prestaciones de auxilio eficaz y facilitadoras del resultado, pero sin la cual el hecho era también posible (SST de 9 de febrero de 1976, 28 de noviembre de 1994, 11 de marzo de 1994, 30 de septiembre de 1988). Por su parte, la S.T.S. de 17 de enero de 1991 establece que la complicidad requiere la concurrencia de dos elementos fundamentales:

– Subjetivamente, la existencia de un pactum sceleris como concierto de voluntades o previo acuerdo, coetáneo, inicial o sobrevenido a la acción, expreso o tácito, junto con la conciencia respecto de la ilicitud y antijuridicidad (conciencia sceleris) del acto pasado.

– Como elemento objetivo, la aportación de unos actos anteriores o simultáneos de carácter auxiliar.

El artículo 30 del Código Penal establece una restricción de la responsabilidad, cuando se trata de delitos o faltas que se cometen por medio de difusión mecánicos, superando así a los antiguos artículos 13 y 15 del anterior Código y en el que la expresión medio mecánico intenta dar cabida a toda clase de ingenio difusor. Se trataría de una responsabilidad escalonada, excluyente y subsidiaria.

El artículo 31 establece la responsabilidad del administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica y se corresponde con el antiguo artículo 15.bis. El campo de aplicación del precepto se instala en el campo de los delitos especiales propios. La finalidad del precepto es permitir la transferencia de las cualidades que residen en el representado a la persona que actúa en su nombre o representación, evitando la atipicidad que, de otra manera, se produciría, al existir la escisión de características típicas anteriormente señaladas.

Un sector doctrinal entiende por administrador de hecho la persona que de hecho manda en la sociedad, mientras que otra dirección doctrinal entiende por administrador quien tiene atribuidas las mismas funciones de gobierno y representación que la Ley y los estatutos atribuyen a los administradores de derecho, si bien no poseen formalmente esta condición. En ambos casos, sean administradores de hecho o de derecho, ambos han de serlo de una persona jurídica


Homicidio imprudente

Aqui hablaremos sobre el Homicidio imprudente dentro del campo de derecho penal
Dentro del «homicidio y sus formas», Título I del Libro II del Código Penal, artículos 138 a 143, se castiga el homicidio imprudente en el artículo 142: 1) El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 2) Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá así mismo, y respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de uno a seis años. 3) Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

Art. 142.1: Como consecuencia del artículo 12 del Código Penal, que instaura un sistema de numerus clausus respecto a la imprudencia, nos encontramos con la tipificación del artículo 142; lo que caracteriza el homicidio imprudente es la falta de dolo, es decir, distingue este delito del homicidio doloso castigado en el artículo 138 del Código Penal. La ausencia de dolo consiste en la falta de conocimiento y voluntad intencional directamente dirigida a causar la muerte de otra persona, sin embargo, el problema del dolo, en la doctrina y en la práctica española, se ha oscurecido como consecuencia de una tendencia a objetivizar un elemento tan eminentemente subjetivo como es el dolo, pues su existencia se hace depender no de la intención real de matar, sino de los medios empleados o del lugar del cuerpo en que haya incidido el ataque, llegando por esta vía en ocasiones, a resoluciones materialmente injustas, porque se imputan a título de homicidio doloso, conductas evidentemente imprudentes que deberían castigarse con arreglo al artículo 142.

Por otra parte, el artículo 142.1 exige «imprudencia grave», que sirve para distinguir este delito de la falta prevista en el artículo 621.2 del Código Penal: «Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados […]», falta que sólo podrá perseguirse mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal (art. 621.6 del Código Penal). El término imprudencia grave se utiliza para designar los supuestos antes denominados de imprudencia temeraria, aludiendo a la infracción del deber objetivo de cuidado, que comporta la vulneración de las más elementales reglas de cautela o diligencia exigibles a cualquier ciudadano. La distinción de esta imprudencia grave con la imprudencia leve, vendrá determinada por el grado de infracción de la norma de cuidado y el grado de peligrosidad de la conducta del sujeto activo, constituyendo la imprudencia leve del artículo 621.2 del Código Penal, la infracción de las normas de cuidado no tan elementales como las vulneradas por la imprudencia grave, que respetaría no un ciudadano normal o poco diligente, sino un ciudadano cuidadoso. Para poder apreciar la imprudencia y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo será necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Una acción u omisión no voluntariamente intencional o maliciosa. 2) Una actuación negligente por falta de previsión. 3) Un factor normativo representado por la infracción del deber objetivo de cuidado. 4) Originación de un daño (el delito de homicidio imprudente es un delito de resultado). 5) Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado o inobservante y el daño o mal sobrevenido. (S.T.S. de 22 de septiembre de 1995).

Por lo que respecta a posibles concursos ideales o reales en los que entre en juego este delito, el supuesto más importante que se plantea, es el de la realización de una acción inicial dolosa de lesiones, sin ánimo de matar, de la que se deriva un resultado de muerte por imprudencia, estando en este caso y en principio, ante un concurso ideal de lesiones dolosas y un delito o falta imprudente de homicidio, que debe resolverse con arreglo al artículo 77 del Código Penal, no faltando autores que entienden que el homicidio absorbe el desvalor de la lesión, y sólo acuden al concurso ideal de delitos, cuando media cierta diferencia temporal entre las lesiones y la muerte. En cualquier caso aparecen problemas, como por ejemplo, la determinación de la gravedad o entidad de las lesiones, así como si las mismas deben apreciarse en grado de tentativa o consumadas.

Por último, el delito de homicidio por imprudencia grave, puede realizarse naturalmente por omisión, estando basada la infracción del deber objetivo de cuidado en, por ejemplo, la creencia errónea y vencible del sujeto activo, acerca de que no concurrían las posibilidades de producción de un resultado de muerte.

Art. 142.2: La realización del hecho imprudente mediante un vehículo a motor o ciclomotor constituye el ámbito que arroja en general el mayor número de hechos imprudentes, particularmente de homicidios por imprudencia, en estos casos se aplicará también como pena principal la privación del derecho a conducir los mismos por determinado periodo de tiempo, siendo muchos los supuestos apreciados jurisprudencialmente: No parar el vehículo al notar que le venía el sueño (S.T.S. de 20 de abril de 1990); circular con un defecto visual grave (S.T.S. de 8 de junio de 1992), […] castigándose también en este apartado la realización del hecho imprudente con un arma de fuego, que da lugar por el mismo periodo de tiempo a la privación del derecho a la tenencia y porte de las mismas.

Art. 142.3: La regulación de la imprudencia profesional ha sufrido una acusada modificación en cuanto a su tratamiento punitivo en el nuevo Código Penal, si en el anterior Código Penal daba lugar a una agravación de la pena, en el precepto comentado se opta por imponer una pena de inhabilitación especial con carácter acumulativo a la pena privativa de libertad, pero sin aumentar en ningún caso esta última. Este artículo 142.3 vendrá en aplicación en la vida real fundamentalmente tanto en el ámbito de la actividad médica, como en relación a la imprudencia profesional de los agentes de la autoridad en uso de armas de fuego, en cuyo caso y de conformidad con lo dispuestos en el artículo 142.2 del Código Penal llevará aneja la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas


Imprudencia punible

Esta es la definicion de Imprudencia punible desde el punto de vista de derecho penal
Dispone el artículo 12 del Código Penal que: «Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley». El nuevo artículo del Código que regula la imprudencia es una de las innovaciones más importantes del nuevo Código, ya que se pasa de un sistema en el cual todo delito podía penarse en su forma culposa, a otro sistema en el que los delitos imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.

Los aspectos que destacan del nuevo sistema de numerus clausus serían los siguientes:

1.º Resultaría incompatible con este sistema la tesis denominada crimen culpae, según la cual cuando una conducta imprudente da lugar a la producción de una pluralidad de resultados, se procede a sancionar por un único delito de imprudencia, con varios resultados sean muertes o lesiones. Ello encontraba su fundamento en la consideración de que la imprudencia punible constituía una especie autónoma de delito. Con el nuevo Código Penal no cabe tal interpretación, siendo necesario adoptar la tesis de los crimina culposa y así cuando se produzca un único hecho imprudente con una pluralidad de resultados habrá de acudirse al concurso ideal de delitos, ya se trate de homicidios imprudentes o lesiones imprudentes.

2.º También será distinto con el sistema de numerus clausus el tema de la participación, pues pasa a ser atípica y por tanto impune. Con el sistema de numerus clausus se tipifican únicamente formas imprudentes de autoría de determinados delitos y no formas de participación por imprudencias.

3.º Por lo que respecta al error vencible sobre el tipo, el sistema de numerus clausus implica que esta clase de error sólo sea punible cuando aquéllos admitan la modalidad de imprudente, sin que en los restantes supuestos el hecho ejecutado con error de tipo vencible sea punible al igual que sucede con lo casos que éste se estima invencible. Resulta esclarecedor en este sentido el término «en su caso» que aparece recogido en e segundo inciso del artículo 14.1 del Código Penal.

4.º Por lo que respecta al error vencible sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, el sistema de numerus clausus viene a complicar la discusión sobre la naturaleza de tal error: si se estima que constituye un error sobre el tipo, el error vencible sólo sería punible con relación a aquellos tipos delictivos en los que el legislador ha tipificado, al lado de la modalidad dolosa también la imprudente, resultado impune en los demás casos, por el contrario, si se califica de error de prohibición, entonces el error vencible sería punible en todo caso, con independencia de que se trate o no de un delito que admita la modalidad comisiva imprudente.

Como supuestos que nuestro legislador considera punible en su forma imprudente nuestro Código recoge los siguientes:

Como delito:

– Homicidio por imprudencia grave (art. 142).

– Aborto por imprudencia grave (art. 146).

– Lesiones por imprudencia grave (art. 152).

– Lesiones del feto por imprudencia grave (art. 158).

– Alteración del genotipo por impudencia grave (art. 159).

– Sustitución de un niño por otro en centros sanitarios por imprudencia grave (art. 220.5).

– Daños por imprudencia grave en cuantía superior a diez millones de pesetas (art. 267).

– Blanqueo de capitales por imprudencia grave (art. 301.3).

– Peligro para la vida, la salud o integridad de los trabajadores por imprudencia grave (art. 317).

– Daños por imprudencia grave en cuantía superior a cincuenta mil pesetas en bienes de valor histórico, artístico, cultural, científico o monumental (art. 324).

– Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por imprudencia grave (art. 331).

– Delitos relativos a la energía nuclear por imprudencia grave (art. 344).

– Estragos por imprudencia grave (art. 347).

– Incendios por imprudencia grave (art. 358).

– Delitos contra la salud de los consumidores por imprudencia grave (art. 367).

– Falsedades de autoridades o funcionarios públicos por imprudencia grave (art. 391).

– Prevaricación judicial por imprudencia grave o ignorancia inexcusable (art. 447).

– Prevaricación de abogado por imprudencia grave (art. 467.2).

– Privación de libertad o comunicación de presos o detenidos por imprudencia grave (art. 532).

Como falta:

– Homicidio por imprudencia leve (art. 621.2).

– Lesiones de menor gravedad (art. 147.2) por imprudencia grave (art. 621.1).

– Lesiones constitutivas de delito por imprudencia leve (art. 621.3).

La anterior relación de conductas tipificadas como de imprudentes hace necesario delimitar las posibles clases de imprudencia. Ha desaparecido la tradicional distinción entre imprudencia temeraria e imprudencia simple, con o sin infracción de reglamentos. La imprudencia queda limitada a dos formas fundamentales, la grave y la leve, aunque en ocasiones el Código utiliza el término imprudencia sin distinguir entre una u otra. El Código no ofrece criterio alguno que permita distinguirlas, por ello se hace necesario acudir a la jurisprudencia, ya que sigue siendo válida la delimitación señalada por la misma: «lo que gradúa y diferencia las clases de imprudencia para estimar la temeridad, es tanto la flagrante representación de la probabilidad del riesgo de ese evento dañoso, aún para sujetos no escrupulosamente previsores, como la ausencia de toda cautela, aún de la mínima exigible a cualquier adulto normal» (S.T.S. de 1 de diciembre de 1989).

Con carácter general el Código sólo castiga los hechos cometidos por imprudencia grave, con la excepción del art. 195.3 en el que resulta suficiente cualquier clase de imprudencia, si bien aquí se trata de un delito de omisión del deber de socorro, doloso, en el que se alude a una imprudencia en el actuar precedente.

Respecto al error, la diferencia entre ambos tipos de imprudencia traerá como consecuencia que en aquellos supuestos en que exista un error vencible sobre el tipo, requerirá tanto que el tipo correspondiente pueda ser cometido por imprudencia como que el error pueda ser considerado como constitutivo de una imprudencia grave pues si tal error es constitutivo de una imprudencia leve la conducta no podrá castigarse.

También se utiliza por el Código el término «impericia o negligencia profesional». En este punto continúa siendo válido el concepto que le asignó la jurisprudencia al distinguir la imprudencia del profesional.

La imprudencia del profesional no es más que la imprudencia común en la que puede incurrir el profesional con ocasión del ejercicio normal de la profesión; mientras que la imprudencia profesional se identifica con la impericia, ineptitud e ignorancia de la lex artis (S.T.S. de 5 de noviembre de 1990).

Aunque el concepto sigue siendo el mismo, el tratamiento penal es muy distinto.

Según el párrafo 2 del antiguo artículo 565 en los casos de muertes o lesiones de los artículos 418, 419 o 421.2, la imprudencia profesional obligaba a imponer en su grado máximo la pena y el Tribunal podía elevarla en uno o dos grados cuando el mal causado fuere de extrema gravedad.

Ahora conlleva, como acumulativas a las señaladas para las otras clases de imprudencia, la pena de inhabilitación especial.


Hurto

Esta es la definicion de hurto desde el punto de vista del derecho penal
El Código Penal de 1995, en su artículo 234, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, considera delito de hurto «el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, si la cuantía de los sustraído excede de cincuenta mil pesetas». De no superar tal cantidad, el artículo 623.1 del Código Penal, lo considera falta.

El artículo 235 castiga con la pena de prisión de uno a tres años:

1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una situación de desabastecimiento.

3. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

4. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.

La actual estructura del delito de hurto excluye de su seno y remite a la apropiación indebida el denominado hurto de hallazgo, y añade, en su artículo 236 una nueva modalidad de hurto antes del Código Penal de 1995 incluida junto a la estafa y que castiga con multa de tres a doce meses «el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, siempre que el valor de aquélla excediere de cincuenta mil pesetas», otorgando protección a la situación del poseedor de cosas muebles frente a la ilegítima situación del propietario, cuya condición de sujeto activo justifica la singularidad de esta modalidad de hurto, también denominado furtum possesionis.

Como requisitos generales del delito de hurto, algunos extensibles a otros delitos patrimoniales, cabe significar los siguientes:

1. Acto de apoderamiento, que como conducta típica supone un comportamiento propio y activo de desplazamiento físico de la cosa mueble, desde el patrimonio del sujeto pasivo al del autor, obteniendo una mínima disponibilidad de la cosa como si fuera dueño, aunque sea una posibilidad abstracta, consumándose el delito con la aprehensión de la res furtiva, con desposesión del dueño y con adquisición de la posesión, con disponibilidad de disfrute, aunque sea mínima, eventual o fugaz.

2. Como objeto material del delito, tan solo pueden serlo las cosas muebles ajenas dotadas de valor económico.

Por cosa mueble debemos entender todo aquel objeto material, corporal, susceptible de aprehensión y de ser trasladado de un lugar a otro sin menoscabo, incluyéndose los semoviente (animales) y los líquidos y gases que se hallen envasados (no canalizados), además de utilizar los criterios de los artículos 334 a 336 del Código Civil.

Por cosa ajena hay que entender lo que las normas de Derecho Civil establecen respecto de las res nullius, las res communes omnium, las res de delictae, las res extra commercium, las cosas perdidas, las cosas abandonadas, los tesoros, los supuestos de copropiedad o con dominio, etc.

Por valor de la cosa hemos de entenderlo en sentido económico, en términos de mercado, planteándose problemas singulares respecto de determinados títulos valores (billetes de lotería, tarjetas de crédito, etc.).

3. El ánimo de lucro es requisito expreso en el delito de hurto, que la doctrina mayoritaria lo entiende como propósito de obtener cualquier tipo de ventaja o beneficio patrimonial, para sí mismo o para otro, incluso cuando los móviles sean de mera liberalidad o ánimo contemplativo, siendo imprescindible la prueba de tal ánimo, que no debe presumirse en estos delitos y debe extraerse de indicios de los que se derive racionalmente


Aborto

Aqui teneis al definicion de aborto desde el punto de vista de derecho penal
Siguiendo a BAJO FERNÁNDEZ «para poder comprender la exacta dimensión de la polémica sobre el aborto, es preciso tener en cuenta que la vida humana en formación, es vida independiente de la madre, lo que entraña necesariamente conflictividad de intereses. Sólo desde este punto de partida puede explicarse, por ejemplo, que la vida del fruto de la concepción tenga una protección jurídico-penal menos intensa que la vida humana independiente, sin violentar por ello la Constitución. Por otra parte, esa realidad conflictiva condiciona el concepto legal de aborto, el alcance de las causas de justificación, la determinación de la tipicidad, la relevancia del consentimiento de la mujer, la fijación del límite mínimo del objeto material del delito, etc».

Efectivamente, un embarazo puede originar un conflicto de intereses entre la vida del nasciturus y la libertad de la mujer, el libre desarrollo de su personalidad, su salud, su vida o intimidad. Ahora bien, el que este conflicto de intereses dignos de protección, haya de resolverse a favor de uno u otro, ha de presuponer una distinta valoración de los intereses en conflicto, valoración en la que necesariamente confluyen concepciones ético-morales, religiosas, sociológicas y en definitiva de política-criminal.

Dejando de lado aquellas concepciones que sin negarlo, ignoran el conflicto de intereses, aquellas posturas que parten del conflicto pueden reducirse a tres: a) la del sistema común de penalización mantenida por el Código Penal hoy derogado, hasta la reforma de 1985, que partía de considerar el valor «esperanza de vida» de inferior categoría a la vida humana independiente, por lo que los ataques al fruto de la concepción se castigaban más levemente que los ataques a la segunda, admitiendo en determinados casos de conflicto -el aborto honoris causa- con ciertos derechos de la madre, una especial atenuación, y aplicando las reglas comunes de la parte general -circunstancias eximentes genéricas o atenuantes- al conflicto con otros intereses o derechos de aquélla; b) el sistema de plazo que propugna la no penalización del aborto cuando éste se produce por voluntad de la madre, hasta un determinado momento de la gestación, fijado, por lo general, en las doce primeras semanas y que intenta apoyarse en el valor «dignidad humana», consagrado por el artículo 10 de la Constitución, que ampararía directamente la libertad de la madre y sólo indirectamente la vida en formación, cuya protección se haría a partir de la consideración de la misma como un bien jurídico de la propia comunidad y no de carácter individual, esto es, de titularidad atribuida al propio nasciturus; y c) el sistema de indicaciones, parcialmente adoptado por el Código a raíz de la citada reforma de 1985, que como parte de la base de considerar la vida del fruto de la concepción como un valor o un bien jurídico en sí mismo, y por tanto, digno de protección primaria, derivable del propio artículo 15 de la Constitución, pero que en atención a especiales situaciones de conflicto, y «obediente al principio de no exigibilidad de otra conducta», amplía en tales supuestos los límites con carácter general establecidos para las causas de exención de responsabilidad criminal en el artículo 20 del nuevo Código Penal.

Partiendo de lo anteriormente expuesto y entrando ya en el concreto análisis de los artículos 144 a 146 que integran el Título II del Libro del nuevo Código Penal, de la citada introducción, debe hacerse derivar, de entrada, la afirmación de que el bien jurídico protegido por el delito de aborto es la esperanza de vida del fruto de la concepción, o dicho de otra manera, la vida prenatal, pues la vida existe ya y no es mera esperanza de vida o vida en formación, sin olvidar que también son bienes jurídicos secundariamente protegidos, la vida e integridad física de la madre -particularmente relevante en los supuestos de abortos causados sin consentimiento o por imprudencia-, y siendo incluso admisible, con bastantes matizaciones hablar de otros posibles, como el «interés demográfico del Estado».

No es acorde la doctrina a la hora de determinar el sujeto pasivo del delito, pues mientras un sector de la doctrina (BAJO FERNÁNDEZ, BUSTOS RAMÍREZ), afirman que puesto que el nasciturus, al no poder ejercer derecho alguno, no puede ser considerado sujeto pasivo, sino que es el objeto material del delito, y en tal sentido, afirman que es la madre el sujeto pasivo, afirmación que choca con el hecho de que la propia madre puede ser sujeto activo, cuando media su consentimiento para la realización del aborto, otro sector de la doctrina (VIVES ANTÓN, COBO DEL ROSAL, CARBONELL MATEU), mantienen que es efectivamente el nasciturus el sujeto pasivo, toda vez que es sin duda el titular del bien jurídico protegido -la vida prenatal-, por más que se den en el mismo unas características especiales, derivadas del hecho de la imposibilidad por su parte de ejercer por sí mismo su autoprotección. Otros finalmente (el citado BAJO FERNÁNDEZ y ARROYO ZAPATERO), mantienen que el sujeto pasivo es la propia Comunidad o el Estado.

A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985, creo, puede afirmarse, que, si bien es cierto, el nasciturus no es persona ni por tanto titular de derechos fundamentales -entre ellos el esencial derecho a la vida-, sí cabe que el ordenamiento le otorgue, en lo favorable, ciertos derechos. La consideración del aborto como un mal a evitar, sólo puede explicarse desde el otorgamiento de derechos al nasciturus, bien como ficción jurídica, bien como adelantamiento en su consideración como persona -artículo 29 del Código Civil-. La tutela de la vida prenatal supone la consideración del concebido y no nacido como un ser digno de protección -sujeto pasivo-, y tal carácter sólo puede reconocérsele en la medida en que pueda naturalmente alcanzar la cualidad de persona.

Ello directamente enlaza con la determinación del objeto material del delito. Éste no es otro que el producto de la concepción. Si por el aborto se entiende toda interrupción voluntaria del embarazo que ocasiona la muerte del fruto de la concepción, esto es, la destrucción de una vida prenatal, ello obliga a excluir del ámbito del objeto material todo producto cuya continuidad no determine el alumbramiento de un ser humano vivo. El producto de la concepción muerto o aquel que con seguridad carece de viabilidad, que no podrá nacer, no puede ser nunca objeto material del delito.

El artículo 144 regula el supuesto más grave «el que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento -párrafo primero- o lo practique con el consentimiento de la misma, obtenido mediante violencia, amenaza o engaño».

La conducta típica se define con los verbos producir o practicar un aborto, esto es, en definición de COBO y RODRÍGUEZ MOURULLO «la interrupción del proceso fisiológico de gestación que ocasiona la destrucción o la muerte del fruto de la concepción»; producir significa ejecutar, hacer o llevar a cabo. En definitiva, la conducta típica consiste en causar un aborto sin el consentimiento de la mujer, sin que importen los medios empleados para ello.

Sin embargo, es necesario hacer ciertas matizaciones y estableces ciertas diferencias entre las conductas descritas en el primero y segundo párrafo.

Mientras la producción de un aborto sin el consentimiento de la mujer, admite la comisión por omisión, partiendo de la base de que, pudiendo iniciarse el proceso abortivo de modo espontáneo, basta en el sujeto activo, se dé la existencia de una posición de garantía y probabilidad rayana en la certeza de evitar el resultado de mediar la conducta activa, para que sea admisible tal forma comisiva, la práctica de aborto con consentimiento de la mujer, pero obtenido éste mediante violencia, amenaza o engaño, exige siempre un actuar positivo. De otra parte, en la segunda de las conductas analizadas no necesariamente el sujeto activo del delito ha de coincidir con el que ejecuta, materialmente el aborto, que puede ser la propia mujer violentada, amenazada o engañada, o un tercero, que en su caso respondería como sujeto activo del delito contemplado en el artículo 145.1, de ignorar el vicio que afecta al consentimiento prestado. En todo caso la violencia, amenaza o engaño ha de ser grave, pues en otro caso la mujer que causare un aborto o consintiere en que otro se lo practique, podría incurrir en el supuesto del artículo 145.2.

Sujeto activo del delito puede serlo cualquiera y sujeto pasivo en ambos casos el nasciturus y la propia mujer.

Desde el punto de vista subjetivo se exige el dolo. De otra parte, al tratarse de un delito de resultado, es perfectamente admisible la tentativa.

La penalidad es la de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.

El artículo 145.1 contempla el aborto doloso causado con el consentimiento de la mujer. Se castiga al que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la Ley. Estos supuestos no son otros que aquellos que se recogen en el artículo 417.bis del Código Penal derogado, precepto introducido por la Ley Orgánica 9/85 de 5 de julio y cuya vigencia salva el punto 1, apartado a) de la disposición derogatoria única del nuevo Código Penal, vigencia cuya razón estriba en el hecho de que en el momento de la aprobación del Código estaba presentado ante las Cámaras el proyecto de Ley Orgánica regulador de esta materia. No obstante, la solución adoptada ha de ser considerada provisional y la exigencia de una pronta nueva regularización de la materia viene dada amén de por otras importantes razones de fondo, aún sujetas a discusión y claros enfrentamientos, al hecho de las remisiones a otros preceptos ya derogados -artículo 429 del Código texto refundido de 1973- y a ciertos defectos denunciados en la normativa complementaria, en particular, el Real Decreto 2409/86 de 21 de noviembre, sin olvidar el grave tema de la objeción de conciencia.

Las distintas indicaciones contenidas en el artículo 417 bis citado, son auténticas causas de justificación de la conducta típica fundamentadas en un conflicto de intereses, conflicto que se produce entre la vida prenatal y la salud o integridad de la madre en su caso, y en razón a la libre determinación de la persona o al libre desarrollo de su personalidad en los demás.

Sujeto activo del delito puede serlo cualquiera, mientras que sujeto pasivo, en este caso, lo es el nasciturus.

El delito exige desde el punto de vista subjetivo, el dolo directo, aunque siempre como hipótesis habría que admitir el dolo eventual.

La penalidad es la de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de igual contenido que en los supuestos del artículo 144, y por tiempo de uno a seis años.

El párrafo 2º del artículo 145 castiga a la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos por la Ley. La penalidad es la de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Finalmente, el artículo 146 castiga el aborto causado por imprudencia grave o por imprudencia profesional (V. culpabilidad; imprudencia punible). El precepto ha venido a resolver la vieja polémica doctrinal sobre la admisibilidad del aborto imprudente causado por terceros, pero declarando impune el autoaborto por imprudencia. La apreciación de dolo eventual podría dar lugar a la aplicación del artículo 145.2.

La penalidad es la de arresto de doce a veinticuatro fines de semana, como pena común, que se amplía para el supuesto de imprudencia profesional con la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de uno a tres años.


Vehículos a motor

Esta es la definiciónde vehiculos a motor segun el derecho penal
Dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, en el artículo 244, el Código Penal de 1995 castiga el robo y hurto de uso de vehículos a motor o ciclomotores ajenos, castigando «el que sustrajere un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de cincuenta mil pesetas, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de tres a ocho meses y lo restituyere, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que en ningún caso la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo».

Se agrava la pena en su mitad superior si el hecho se ejecuta empleando fuerza en las cosas y se impondrán las penas del artículo 242 del robo con violencia o intimidación, si el hecho se cometiere por tales medios. De no efectuarse la restitución prevista en el párrafo 1, en el plazo señalado, el hecho se castigará como robo o hurto en sus respectivos casos.

Evidentemente, el bien jurídico protegido en este delito no es el derecho de propiedad estrictamente, sino la facultad de uso, inherente al dominio, de una clase singular de bienes muebles cuales son los vehículos a motor y los ciclomotores, constituyendo lo que el nuevo Código denomina robo y hurto de uso (sustituyendo la anterior denominación de delito de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno), que es impune para la generalidad de bienes muebles y que sólo respecto de los vehículos a motor y ciclomotores obtiene protección penal (aunque también existen otros supuestos de sustracción con ánimo de uso en los artículos 433 y 434 del Código Penal, respecto del delito de malversación de caudales públicos).

La conducta supone sustraer un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sustituyendo la anterior expresión de utilizar, entendiendo la doctrina que la sustracción requiere además del apoderamiento el uso, es decir la conducción del propio vehículo, por lo que no constituyen este delito los usos distintos a la conducción, compartiendo con las figuras de robo y hurto nociones como las de ajeneidad.

El objeto material lo constituye los vehículos a motor o ciclomotores y ha de producirse la sustracción «sin ánimo de apropiárselo», es decir, sin animus rem sibi habendi y tan solo con animus utendi, deseando sólo obtener el apoderamiento esporádico, utilizándolo temporalmente sin ánimo de hacerlo propio, lo que según la doctrina constituye un elemento subjetivo del tipo, exigiéndose implícitamente también la concurrencia de ánimo de lucro.

Por restitución directa o indirecta, se entiende la puesta a disposición del propietario del vehículo, con la entrega de llaves, información acerca del lugar o supuestos indirectos, en los que sin llegar a la transferencia posesoria, se ha facilitado la recuperación como dejarlo mal aparcado o cerca de donde se sustrajo o de la policía.


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