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Articulos de derecho constitucional sobre Firefox OS

Poder constituyente

Esta es la definiciónde poder constituyente desde el punto de vista de derecho constitucional
Fuerza social o política que adopta la decisión sobre la forma de organizar la convivencia política, concretándose en un poder encargado de formular una Constitución. El origen de la doctrina del poder constituyente se encuentra en el covenant o pacto de la organización eclesiástica presbiteriana inglesa y escocesa, concepción que se mantiene en el Agreement of the People de CRONWELL y que pasa, de una parte, a Nueva Inglaterra (cartas constitucionales de Rhode Island y Connecticut) y, de otra, al continente (Revolución francesa), siendo sus teóricos CONDORCET y SIEYÈS. Se denomina «poder constituyente constituido» al órgano al que la propia Constitución atribuye la posibilidad de reformar aquélla (asamblea especial, mayorías reforzadas, el pueblo mediante referéndum, etc.)


Principios constitucionales

Aqui teneis una breve explicacion de los principios constitucionales
Principios políticos e institucionales contenidos en la Constitución o implícitos en la misma. La Constitución Española, sin perjuicio de otros principios incorporados en su texto, garantiza (art. 9.3) el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.


Poder judicial

Definicion del poder judicial desde el punto de vista del derecho constitucional
Expresión clásica que se emplea para designar al órgano o entramado de órganos que desempeñan la tarea de administrar justicia. En sentido lato puede también hacer referencia a la facultad de administrar justicia. En sentido estricto, sin embargo, poder judicial y función judicial no coinciden exactamente, pues hay funciones materialmente no judiciales ejercidas por órganos del poder judicial (como los actos de jurisdicción voluntaria) y funciones jurisdiccionales que competen a órganos no judiciales (así en el caso de los tribunales administrativos)


Libertad de domicilio

Esto es una pequeña explicación acerca de la libertad de domicilio , un derecho constitucional
Derecho del individuo a fijar libremente su residencia, cambiarla y utilizarla libremente, que tiene como correlato la inviolabilidad del domicilio, es decir, la ilegitimidad de toda entrada en la morada de una persona sin su consentimiento o mandato judicial. Este derecho, ya consignado en la Declaración de Virginia de 1776, se considera consecuencia y garantía de la libertad personal y como tal aparece recogido en las Constituciones.

La Constitución Española (art. 18.2) declara que el domicilio es inviolable, no pudiendo hacerse en él ninguna entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia (art. 19).


Referéndum

Esta es la definicion de referendum segun el derecho constitucional
Instituto de democracia directa (o semidirecta) mediante el que puede expresarse directa y válidamente la voluntad del cuerpo electoral sobre un asunto sometido a su consulta.

Según la materia sobre la que recaen, los referenda pueden ser constitucionales, legislativos o relativos a decisiones políticas no formalizadas todavía en textos de esa naturaleza; según que su convocatoria venga o no exigida para la aprobación de una norma o la adopción de una decisión, se clasifican en preceptivos o facultativos; esta última clasificación puede ser, sin embargo, engañosa: el referéndum preceptivo es aquel que debe celebrarse para que sea válido el procedimiento de adopción de una norma o el de la decisión sometida a consulta. Pero también es obligatoria la celebración del referéndum cuando adopta la correspondiente iniciativa el órgano al que tal facultad se atribuya. En relación con la vigencia de una norma suelen distinguirse los referenda suspensivos (se suspende la vigencia de una norma ya aprobada, pero no promulgada en tanto es aprobada por el cuerpo electoral) y los de abrogación, por los que se somete a la decisión del electorado la continuidad de una norma ya en vigor.

Otra distinción de gran relevancia es la que contrapone los referenda que producen efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación alguna por parte de otro órgano, de los consultivos, cuyos resultados pueden permitir un cierto margen de apreciación (así, en función del grado de participación electoral) en la determinación de los efectos que políticamente se derivan del resultado.

En nuestro ordenamiento existe el referéndum constitucional en dos variantes: cuando la reforma de la Constitución es total o afecta al Título Preliminar, al Capítulo 2.º, Sección 1.ª del Título II de la Constitución es preceptivo. Cuando la reforma afectara al resto del articulado constitucional, el referéndum debe celebrarse tan sólo si, aprobada la reforma por las Cortes Generales, así lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. En ambos casos, la consulta tiene efectos jurídicos inmediatos, imponiéndose de modo vinculante sus resultados (arts. 167 y 168 de la Constitución).

La Constitución establece también el referéndum preceptivo y vinculante para la aprobación de los Estatutos de las Comunidades autónomas a que se refiere su artículo 151, así como para su reforma (arts. 151.3 y 152.2). En materia autonómica se prevé también el referéndum para la ratificación de la iniciativa prevista en el citado artículo 151, con carácter preceptivo, aunque vinculante sólo en parte, pues las Cortes Generales pueden suplir el requisito si la iniciativa no resultó aprobada en todas las provincias comprendidas en el ámbito territorial de la futura Comunidad autónoma, pero lo fue (por mayoría absoluta) en el conjunto de aquél (art. 8 de la Ley Orgánica 2/1980).

El artículo 92, por último, establece un referéndum facultativo de carácter consultivo: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». La autorización para la convocatoria de consultas populares es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.32 de la Constitución). En el ámbito local, los alcaldes, previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, pueden convocar consultas sobre asuntos de competencia propia municipal y de carácter local de especial relevancia para los intereses de los vecinos, que pueden solicitar la consulta (arts. 71 y 18.1.f de la Ley de Bases de Régimen Local).