Leyes

La definicion de interventores judiciales segun el derecho mercantil
Órgano de la suspensión de pagos constituido por tres personas designadas por el Juez en la providencia por la que se tiene solicitada la declaración de suspensión de pagos. Dos interventores serán peritos mercantiles o prácticos y el tercero, uno de los acreedores y por mayor importe. Es órgano de coadministración con el deudor suspenso de su patrimonio, que no queda, por lo general, sustituido en la administración. Los actos realizados por el suspenso sin la participación de los interventores son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que correspondan (artículos 4 y 5 L.S.P.). Es también órgano de asesoramiento del Juez.

Esto es la definicion de suelo urbanizable segun el derecho urbanistico
1. Según el art. 10 Le.Re.Su.V.:

«El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable».

Este precepto no cambió tras el Dictamen de la Comisión del Congreso (que fue la fase crucial donde, de hecho, se dirimió el sentido y alcance final de la reforma legal) ni después pero, obviamente, al haberlo hecho decisivamente el art. 9 [V. suelo no urbanizable; suelo (clasificación)]; el alcance y virtualidad del mismo quedaron sustancialmente recortados, por razones fáciles de entender.

El planificador municipal antes, en la generalidad de los casos, clasificaba su suelo como urbano (el que lo era, de modo reglado), urbanizable (el que consideraba como idóneo para soporte del ensanchamiento de su población) y no urbanizable de especial protección (el que tuviera valores merecedores de ésta) e indirectamente de modo residual estaba clasificando el resto como no urbanizable común, sin necesidad de analizar palmo a palmo el terreno.

Ahora, clasificará su suelo como urbano (el mismo que antes), no urbanizable (también el mismo que antes, o por exigencias de especial protección o por estimarlo -desde la perspectiva de su estrategia territorial- inadecuado para futuros procesos urbanizatorios) y urbanizable (el que haya estimado soporte preferible para el crecimiento de su población), pero, en cualquier caso, este último, residual o no, lo será (urbanizable) en la medida en que el planificador haya dejado que lo sea por no haber incluido los terrenos correspondientes en las otras categorías, pudiendo hacerlo discrecionalmente, como sabemos, en la modalidad del art. 9.2 in fine.

Desde esta perspectiva, pues, sólo habrá un cierto cambio en el modo de proceder al planificar, pero el resultado de esa planificación, medido en margen de discrecionalidad para clasificar, puede seguir siendo el mismo que antes. Es decir, que, pese a todas las apariencias, el suelo urbanizable será también el que el planificador quiera que sea. Tampoco aquí, pues, habrá un cambio sensible, al menos por efecto directo de la nueva Ley estatal.

El Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Liberalizadoras en el Sector Inmobiliario, pese a la incidencia que, aparentemente, pretende revestir en este aspecto, puede resultar, finalmente, carente de ella, dado que una interpretación literal del mismo por la cual se entendiera suprimida la posibilidad de clasificar un suelo como no urbanizable tendría grandes dificultades para encajar con la doctrina constitucional en materia de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la integración del ordenamiento urbanístico [V. suelo (clasificación)].

2. Por lo anterior, no ha surgido ninguna necesidad de readecuar las Leyes urbanísticas anteriores al 4 de mayo de 1998 (fecha de entrada en vigor de la Le.Re.Su.V.) al nuevo marco estatal en este punto.

Los sistemas basados (en cuanto al aspecto concreto aquí examinado) en el T.R.L.S.-1976 -Asturias, Madrid, Murcia, País Vasco, Cataluña, Baleares- o en el T.R.L.S.-1992 -Cantabria, Andalucía, Extremadura, Navarra, Galicia- asumen un concepto de suelo urbanizable que no es el residual, evidentemente, pero que, en el contexto de redefinición -en sentido expansivo- del suelo no urbanizable operada por la Le.Re.Su.V. en el curso de su tramitación parlamentaria, a efectos prácticos, no supone ninguna distorsión del sistema legal resultante, interpretado a la luz de la propia gestación de la Ley estatal. Ni siquiera, el peculiar sistema valenciano, que configura la clase de suelo urbanizable de modo puramente estratégico (art. 8.4 L.A.U.CV.), ha precisado una reacomodación al marco superior por reputarse -en la respectiva Administración autonómica- perfectamente encajable en el mismo.

3. Pero -más significativamente-, también por lo anterior, las Leyes urbanísticas posteriores al 4 de mayo de 1998 no han tenido ningún inconveniente en reproducir casi literalmente -la mayoría- la misma definición de suelo urbanizable contenida en el art. 10 Le.Re.Su.V., pues, aun caracterizándolo como residual, esa «residualidad» clasificatoria sólo llegará a ser efectiva en la medida en que no resulten operativos los diversos -y más amplios y numerosos que antes- criterios establecidos en aquéllas para la clasificación de los terrenos como suelo rústico.

Ésa es la línea seguida, con leves matices diferenciales, en La Rioja, por el art. 22 L.O.T.U.R.; en Aragón, por el art. 26 L.U.A., y, en Castilla y León, por el art. 13 L.U.C.Y.L.

No obstante, en Castilla-La Mancha, el art. 46 LOTAUCAMAN simplemente ignora la nueva caracterización residual del suelo urbanizable y enuncia una definición voluntarista del mismo: lo será el constituido por los terrenos que el Plan «adscriba a esta clase […] por poder ser objeto de transformación […] en las condiciones y términos que dicho planeamiento determine», definición completada con el establecimiento de unas directrices para enmarcar el proceso de «sectorización» de ese suelo.

En Canarias, el art. 52.1 L.O.T.C.AN ha seguido con bastante fidelidad el modelo castellano-manchego, en cuanto a la definición de esa clase de suelo, y el art. 52.2 lo ha hecho también en cuanto a los estándares de sectorización.

4. El actual suelo urbanizable programado y no programado de Planes vigentes y el actual suelo apto para urbanizar de Normas Subsidiarias se asimilan a este unificado (formalmente) suelo urbanizable, con la relevante consecuencia de asignarle el régimen establecido para el mismo en la Le.Re.Su.V., de acuerdo con su Disposición Transitoria Primera, b.

5. En Municipios sin planeamiento general no se prevé esta categoría de suelo de acuerdo con el art. 11 Le.Re.Su.V. y con la legislación autonómica que, en general, lo reproduce casi literalmente.

6. El suelo urbanizable, aparentemente único a tenor del art. 10 Le.Re.Su.V., reviste claramente dos categorías según los diversos cauces para su transformación articulados en el art. 16 Le.Re.Su.V.

Para aquellas Comunidades apoyadas en este aspecto en las regulaciones de los sistemas de 1976 y 1992 o asimiladas, no hay obstáculo en admitir que ambas categorías se corresponden con las del suelo urbanizable programado y no programado, contempladas en el art. 79.1 T.R.L.S.-1976 y en el art. 11.2 T.R.L.S.-1992, puesto que las determinaciones del planeamiento general para éstas (arts. 12.2.2 y 3 T.R.L.S.-1976 y 72.3 T.R.L.S.-1992) se asimilan a las directa o indirectamente previstas para aquéllas. Ello además enlaza con las particularidades reguladas en algunos Derechos autonómicos específicamente para el suelo urbanizable no programado (v. gr., art. 73 LMPTSU).

A mayor abundamiento, la supresión de la distinción estatal entre aquellas dos clases de suelo urbanizable, llevada a cabo con carácter supletorio por el R.D.L.M.L. y la L.M.L., ha sido, a su vez, dejada sin efecto por la Disposición Derogatoria de la Le.Re.Su.V., al derogar los arts. 1 a 3 LML.

Esta es la definición de la Declaración universal de derechos del hombre de derecho internacional
Carta de derechos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Se compone de un preámbulo y 30 artículos. Sus antecedentes pueden rastrearse en la declaración francesa de derechos del hombre y el ciudadano de 1789, así como en la norteamericana declaración de derechos del buen pueblo de Virginia.

Su artículo 1 proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Contempla, entre otros, los siguientes derechos y libertades: no discriminación por cualquier condición; derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; prohibición de esclavitud, de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; igualdad ante la ley; derecho a la tutela judicial; interdicción de la arbitrariedad; presunción de inocencia; derecho a la intimidad personal; libertad de circulación y residencia; derecho de asilo; derecho a una nacionalidad; derecho a contraer matrimonio y protección de la familia; derecho de propiedad; libertad de pensamiento, conciencia y religión; libertad de expresión; derecho de reunión y asociación; derecho a la participación política; derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; derecho al trabajo, derecho a una remuneración justa y derecho de sindicación; derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una duración razonable del horario de trabajo y vacaciones periódicas pagadas; derecho a un nivel de vida adecuado, protección de la maternidad y la infancia; derecho a la educación; derecho a la participación cultural, protección de la producción intelectual; derecho a un orden internacional justo.

El artículo indica, en su punto 2, que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por su artículo 30 se establece que nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados.

En el artículo 10.2 de la Constitución Española de 1978 se dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la misma reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Una breve explicacion de la policia municipal
La actividad administrativa de policía municipal, recibe este nombre. En el orden de la seguridad ciudadana y el orden público, los municipios tienen la competencia específica de la llamada policía rural y la policía urbana.

El alcalde es el órgano que ejerce la jefatura de la policía municipal, así como el nombramiento y sanción de los funcionarios que usen armas. Tienen Estatuto específico reconocido (V. funcionarios de administración local), y forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Legislación local: Ley 7/85, de 2 de abril.

- Custodia de detenidos: disposición final 5.ª.

- Estatuto específico: disposición final 3.ª.

- Jefatura: artículo 21.1.h.

Legislación sectorial: Ley Orgánica 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Legislación autonómica:

Andalucía, Ley de 8 de mayo de 1992.

Aragón,Ley de 15 de abril de 1987 de Coordinación de Policías Locales.

Asturias, Ley de 5 de diciembre de 1988.

Baleares, Decreto de 9 de octubre de 1986 de Coordinación de Policías Locales.

Canarias, Decreto de 18 de enero de 1985.

Cantabria, Ley de 19 de mayo de 1994.

Castilla-La Mancha, Ley de 7 de abril de 1987 de Coordinación de Policías Locales.

Castilla y León, Ley de 28 de noviembre de 1990.

Cataluña, Ley de 10 de julio de 1991 de Coordinación de Policías Locales.

Extremadura, Ley de 26 de abril de 1990.

Galicia, Ley de 23 de marzo de 1992.

La Rioja, Ley de 30 de marzo de 1995.

Madrid,Ley de 8 de julio de 1992.

Murcia,Ley de 22 de julio de 1998.

Navarra, Ley foral de 13 de febrero de 1987.

País Vasco, Ley de 17 de julio de 1992.

Valencia, Ley 6/99, de 19 de abril.

Esta es la definición de estafa segun el derecho penal
El Código Penal de 1995, en su artículo 248 indica que «cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». En el párrafo 2 del mismo artículo se incluye una novedosa nueva modalidad de estafa al entender que «también se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero».

La penalidad básica de la estafa es la de prisión de seis meses a cuatro años, siempre que la cuantía de lo defraudado exceda de cincuenta mil pesetas, aportando el Código, como criterios para fijación de la pena, además del importe de lo defraudado, los del quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si la cantidad es inferior a cincuenta mil pesetas el artículo 623.4 del Código lo considera falta.

Contempla el Código en su artículo 250 un conjunto de modalidades de estafa agravadas con la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

1. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

2. Se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.

3. Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.

4. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

5. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

6. Revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o su familia.

7. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

La concurrencia de la circunstancia sexta o séptima con la primera, supone que se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses .

La reiterada jurisprudencia consagra como elementos constitutivos de la estafa los siguientes:

1.º) Un engaño precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado por el sujeto activo del delito y proyectado sobre el pasivo, que consiste en usar nombre fingido, atribuirse poder, influencia o cualidades supuestas, aparentar bienes, crédito, comisión, saldo en cuenta corriente, empresa, negociaciones imaginarias o cualquier otro engaño semejante. Exigiéndose un mínimo de engaño explícito y bastante para producir error.

2.º) Este engaño idóneo, eficaz y suficiente, esencia del delito de estafa, ha de producir un error en el sujeto pasivo, viciando su voluntad, cimentada sobre la base de dar por ciertos los hechos mendaces, simulados por el sujeto activo del delito, planteándose problemas respecto supuestos de mendicidad engañosa, polizonaje o como los derivados del descuento bancario de letras de cambio «vacías».

3.º) Todo ello provoca el asentimiento a un desplazamiento patrimonial, que el sujeto realiza, sufriendo así una disminución de sus bienes, perjuicio o lesión de sus intereses económicos, al que se llega mediante el engaño antecedente y el error, efecto de las maniobras falaces y arteras del sujeto activo del delito. El desplazamiento patrimonial exige la entrega, cesión o prestación de la cosa, derecho o servicio de que se trate.

4.º) Las maquinaciones de éste han de ir finalísticamente dirigidas al lucro, ánimo de lucro propio o de tercero, se llegara a obtener tal lucro o no se consiga.

5.º) Entre el engaño y el perjuicio sufrido ha de haber una relación de causalidad inmediata.

Respecto a la modalidad de estafa por medios informáticos del párrafo 2 del artículo 248, que constituye novedad, su singularidad reside en que no hay ni engaño ni error pues es imposible engañar o inducir a error a un ordenador, modificándose, en esta singular estafa, el medio comisivo que no se dirige a una persona sino a una máquina, empleando alguna manipulación informática o artificio semejante. La doctrina define estas estafas por computadora como «toda manipulación o alteración del proceso de elaboración electrónica de cualquier clase o en cualquier momento de éste (dentro del sistema o fuera del sistema), realizada con ánimo de lucro y causando un perjuicio económico a un tercero», incluyéndose también las manipulaciones operadas sobre ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, pudiendo realizar estas conductas también personas legitimadas para acceder y operar en el sistema informático.

Además de las estafas específicas descritas, el Código Penal de 1995 contempla tres modalidades de estafas específicas en su artículo 251 al castigar con pena de prisión de uno a cuatro años a:

«1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

3.º El que otorgare un perjuicio de otro un contrato simulado».

El denominador común de estas estafas específicas es el de no ser reconducibles a la modalidad básica de estafa, pero que la existencia de un engaño de naturaleza falsaria implica la necesidad de que el legislador contemple la punición concreta de estas conductas, pues en caso contrario quedarían impunes

Una pequeña definición de los planes de pensiones segun el derecho mercantil
Los Planes de Pensiones son instituciones de previsión voluntaria y libre cuyas prestaciones de carácter privado pueden o no ser complemento del preceptivo sistema de la Seguridad Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen. Los Fondos de Pensiones son patrimonios separados de las entidades que los promueven, carentes de personalidad jurídica e integrados por los recursos afectos a las finalidades predeterminadas por los fondos adscritos.